Usted es víctima de un delito: por qué necesita su propio abogado (y no solo la Fiscalía)

Cuando alguien resulta afectado por un delito —una lesión, un hurto, una estafa, una injuria, un acceso violento— la primera reacción suele ser esperar. Esperar a que la Fiscalía llame, a que el proceso avance, a que el sistema haga lo suyo. Esa espera silenciosa y pasiva es, muchas veces, lo que más daño causa: el proceso penal colombiano no favorece a quien aguarda, sino a quien ordena hechos, evidencia y tiempos desde el primer día.

La ley no trata a la víctima como un simple testigo ni como un espectador de su propio caso. Le reconoce derechos concretos —verdad, justicia y reparación— y un papel activo en cada etapa de la actuación penal. Pero esos derechos no se ejercen solos: requieren que alguien los haga valer, en los términos y dentro de los plazos que el Código de Procedimiento Penal exige.

Esta guía explica, desde la perspectiva de quien ha sufrido el delito, qué derechos tiene usted, qué decisiones enfrenta en los primeros días, por qué la Fiscalía no es lo mismo que su abogado y en qué momentos su representación puede cambiar el rumbo del caso. No cubre la posición del investigado ni de su defensa (cuándo contratar un abogado penalista), ni cómo escoger un abogado (cómo elegir un abogado penalista); se concentra en usted, la víctima.

Lo esencial en un minuto

Si dispone de poco tiempo, quédese con estas ideas y luego vuelva a la sección que le interese:

• Usted tiene un estatus propio. No es un testigo del caso: la ley le reconoce derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, y a intervenir en todas las fases del proceso (art. 11 y art. 137 de la Ley 906 de 2004).
• La Fiscalía no es su abogado. Representa a la sociedad y está obligada por la Constitución a investigar también lo que favorece al procesado (art. 250 C.N.). Sus intereses particulares los defiende su propio abogado.
• El tiempo corre en su contra. En los delitos querellables tiene seis meses para presentar la querella (art. 73) y una conciliación previa obligatoria (art. 522). Vencido el plazo, el delito ya no se persigue.
• Denuncia y querella no son lo mismo. La denuncia informa; la querella, en ciertos delitos, es el requisito sin el cual la Fiscalía no puede actuar (art. 71 y art. 74).
• La reparación no es automática. Se reclama en el incidente de reparación integral, y solo si usted lo pide (art. 102), con un plazo de caducidad propio (art. 106).
• En varias etapas la ley exige abogado. Desde la audiencia preparatoria (art. 137) y, sobre todo, si usted decide asumir la acción como acusador privado (art. 549).

Lo que sigue desarrolla cada uno de estos puntos con la norma aplicable, un ejemplo en su situación y lo que hace un abogado en cada caso.

Ser víctima no es ser espectador: verdad, justicia y reparación

El punto de partida es entender que la Constitución y la ley le reconocen a la víctima un estatus propio dentro del proceso. La Corte Constitucional lo fijó con claridad en la sentencia C-228 de 2002: los derechos de quien sufre un delito no se agotan en la indemnización económica, sino que comprenden tres dimensiones inseparables —la verdad (saber qué pasó y quién es responsable), la justicia (que la conducta no quede impune) y la reparación (que el daño se repare de forma integral)—. Esa lectura cambió la manera de entender el proceso penal: la víctima dejó de ser vista como un simple interesado en el dinero y pasó a ser titular de un derecho a que se conozca la verdad y se administre justicia.

Ese estatus se apoya, además, en un principio constitucional básico: se garantiza el derecho de toda persona a acceder a la administración de justicia (art. 229 de la Constitución). Acceder no es solo poder denunciar: es poder intervenir, pedir, oponerse y ser escuchado. Y la propia Constitución advierte que la ley señala en qué casos se puede actuar sin abogado —lo que, leído al revés, significa que en muchos otros la representación técnica no es un lujo, sino la condición para que su voz cuente.

Un ejemplo. A usted le hurtaron el vehículo con el que trabaja. Su interés inmediato es recuperar el bien o su valor, pero la ley le reconoce algo más: saber cómo ocurrió, quién participó y que esa conducta no quede impune. Si se concentra solo en el dinero, puede aceptar un acuerdo rápido y renunciar, sin saberlo, a la verdad y a la justicia. Un abogado que entiende las tres dimensiones no lo deja escoger a ciegas: le muestra qué gana y qué pierde en cada camino.

Error común. Creer que "ser víctima" es una etiqueta que el juez otorga al final. No lo es: la condición de víctima existe desde el daño, y con ella nacen los derechos que puede ejercer desde el primer día.

¿Quién es víctima ante la ley?

Antes de reclamar derechos conviene saber que usted encaja, jurídicamente, en la categoría de víctima. La ley la define de forma amplia y no la condiciona a que el proceso termine bien.

Dos consecuencias prácticas se desprenden de esa definición. La primera: usted es víctima aunque no sepa quién fue. Muchas personas no denuncian un hurto callejero o una estafa en línea porque "no tienen al culpable"; la ley no exige tenerlo. La segunda: el daño debe ser directo. No cualquiera que se sienta afectado por el delito es víctima en sentido procesal; lo es quien sufre el perjuicio de manera inmediata —el lesionado, el desposeído, el difamado— y, en ciertos casos, sus familiares.

Un ejemplo. Una empresa le transfirió dinero a una cuenta fraudulenta tras un correo suplantado. La sociedad es víctima (daño patrimonial directo), pero también puede serlo la persona natural cuyos datos se usurparon, según el perjuicio concreto que sufra. Cuando la víctima es una empresa, el análisis tiene matices propios (la empresa como víctima de un delito); aquí hablamos de usted como persona.

Qué hace su abogado. Traduce ese "daño directo" en prueba: identifica qué documentó el hecho (denuncia, historia clínica, extractos, contratos, dictámenes) y arma el puente entre el delito y su perjuicio, que es exactamente lo que el juez exige para reconocerlo como víctima en el proceso.

La noticia criminal: de oficio, denuncia y querella

Todo proceso penal comienza con una noticia criminal: el momento en que la autoridad se entera del delito. Cómo llega esa noticia importa, porque no todos los delitos se investigan igual. La Constitución obliga a la Fiscalía a adelantar la acción penal e investigar los hechos que lleguen a su conocimiento "por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio", siempre que existan motivos suficientes (art. 250). Esas cuatro puertas de entrada no son intercambiables.

• Delitos investigables de oficio. La mayoría. Basta con que la Fiscalía conozca el hecho —por denuncia, informe de policía o cualquier medio— para que deba investigar, sin importar la voluntad de la víctima. Aquí usted informa, pero el proceso no depende de que "quiera" seguir.
• Delitos querellables. Un grupo específico que la ley reserva a la iniciativa de la víctima: sin querella, la Fiscalía no puede iniciar la acción penal. Aquí usted no es un testigo más: es quien enciende —o no— el proceso, y también quien puede apagarlo si desiste.

La diferencia es práctica: la denuncia es el acto por el cual usted pone el hecho en conocimiento de la autoridad; la querella, además, es la condición sin la cual ciertos delitos no pueden perseguirse. Y no cualquiera puede querellarse: la ley reserva ese acto al querellante legítimo.

Confundir denuncia con querella, o dejar pasar el momento de querellarse, puede cerrar la puerta del proceso antes de que empiece. Por eso el primer trabajo del abogado de la víctima suele ser silencioso pero decisivo: clasificar el delito. ¿Es de oficio o querellable? ¿Cuál es la cuantía que define si el hurto o la estafa exigen querella? ¿La incapacidad médica supera o no los sesenta días? De esa clasificación depende todo lo demás. Los delitos financieros o informáticos, por su parte, tienen reglas propias que merecen tratamiento aparte (delitos financieros empresariales, delitos cibernéticos y la Ley 1273).

La siguiente tabla resume la distinción que más confunde a las víctimas:

El reloj corre: caducidad de la querella y conciliación previa

En los delitos querellables el tiempo juega en contra de la víctima. La ley fija un plazo para querellarse, y vencido ese plazo el delito, en principio, ya no puede perseguirse.

Seis meses parecen suficientes, pero se agotan rápido cuando la víctima espera a ver qué pasa. Cada semana de indecisión es una semana menos para reunir pruebas, identificar al responsable y presentar una querella sólida. La caducidad no perdona: es uno de los motivos más frecuentes por los que un caso con fundamento nunca llega a investigarse. El plazo se cuenta desde la comisión del hecho, no desde que usted "decide" actuar, y la excepción por fuerza mayor es estrecha —hay que probarla, no basta alegarla—.

Hay un segundo filtro propio de los delitos querellables: la conciliación opera como requisito de procedibilidad. Antes de ejercer la acción penal, el asunto pasa por una diligencia de conciliación.

Ese momento es delicado. Un acuerdo mal calculado puede dejar el daño sin reparar; y la advertencia final de la norma es dura: si usted no asiste sin justificación, la ley entiende que desistió. Llegar a esa audiencia asesorado, con una cifra sustentada y unos términos pensados, es muy distinto a improvisar frente a la contraparte.

Un ejemplo. Un cliente le quedó debiendo por un cheque sin fondos y usted quiere denunciar. Como es conducta querellable, primero irá a conciliación. Si llega sin calcular intereses, perjuicios ni respaldo documental, es probable que acepte menos de lo que le corresponde o que, molesto, no asista —y con la inasistencia pierda la pretensión—. Con preparación, la conciliación deja de ser una trampa y se vuelve una oportunidad de cobrar rápido y bien.

Qué hace su abogado. Verifica el plazo de los seis meses antes de que se venza, prepara la querella con la prueba del daño y llega a la conciliación con una posición numérica defendible. Si el acuerdo no conviene, protege su derecho a que la Fiscalía continúe.

Su abogado no es la Fiscalía (y por qué eso lo cambia todo)

Aquí está el malentendido más costoso: creer que la Fiscalía es el abogado de la víctima. No lo es. La Fiscalía representa a la sociedad y ejerce la acción penal en nombre del Estado; su función es investigar y acusar, no defender los intereses particulares de usted. Y hay un dato constitucional que lo demuestra con contundencia.

Esa objetividad es sana para el sistema, pero explica por qué usted necesita voz propia. Cuando sus intereses y los de la Fiscalía coinciden, todo fluye; cuando no —porque el fiscal prioriza otros casos, acepta un preacuerdo que a usted no repara o solicita la preclusión—, la víctima que no tiene representación propia queda a merced de un ritmo ajeno. Nadie, dentro del proceso, tiene el deber exclusivo de velar por su reparación… salvo su abogado.

La Corte Constitucional, en la sentencia C-209 de 2007, precisó el alcance de esa intervención en el sistema acusatorio: la víctima puede actuar en todas las etapas, con mayor protagonismo antes y después del juicio y de manera más acotada durante el juicio oral, para no romper la igualdad de armas ni convertirse en un segundo acusador. Traducido a la práctica, hay momentos —solicitud de medidas de aseguramiento, audiencias de preclusión, preacuerdos, el incidente de reparación— en los que su abogado puede pedir, oponerse y probar. Si nadie los aprovecha en su nombre, simplemente pasan.

Un ejemplo. El fiscal, para cerrar rápido, ofrece al procesado un preacuerdo con rebaja de pena a cambio de aceptar cargos. A usted esa rebaja no le devuelve lo perdido y ni siquiera fue consultado. Con abogado, usted es oído antes de que se apruebe: puede pedir que la reparación quede atada al acuerdo o cuestionar sus términos ante el juez. Sin abogado, se entera cuando ya está hecho.

El acusador privado: cuando usted asume la acción penal

En los delitos de menor entidad la ley fue todavía más lejos: permite que la víctima tome el timón. Desde 2017 existe la figura del acusador privado, mediante la cual usted, a través de su abogado, asume directamente la investigación y la acusación que normalmente lleva la Fiscalía. Esto no salió de la nada: la propia Constitución lo habilita.

La conversión de la acción penal de pública a privada no procede para cualquier delito: se autoriza para las conductas que se tramitan por el procedimiento especial abreviado —en esencia, los delitos querellables y otros de menor lesividad—, y quedan excluidas, por ejemplo, las que atentan contra bienes del Estado y el delito de violencia intrafamiliar. Solicitar la conversión les corresponde a las mismas personas que la ley considera querellantes legítimos.

Ese detalle final resume buena parte del artículo: la propia ley reconoce que hay etapas del proceso —y toda una vía, la del acusador privado— en las que la víctima, sin abogado, sencillamente no puede actuar.

Un ejemplo. Le incumplieron un contrato con maniobras que configuran un abuso de confianza y la Fiscalía, saturada, no avanza. En vez de esperar años, usted puede pedir la conversión y, como acusador privado, impulsar el caso con su abogado a un ritmo que controla. A cambio, asume la carga de investigar y probar: por eso la ley exige, sin excepción, representación técnica.

Cómo se acredita como víctima y qué información puede exigir

Para ejercer esos derechos, primero hay que hacerse reconocer. La víctima se acredita ante el juez demostrando el daño directo sufrido —con la denuncia, la historia clínica, facturas, dictámenes, contratos o cualquier prueba del perjuicio—. Acreditado ese vínculo, usted deja de ser un dato del expediente y pasa a ser interviniente, con voz en las audiencias.

Además, la ley obliga a las autoridades a mantenerlo informado. No es un favor: es un derecho, y su ejercicio marca la diferencia entre seguir el caso y enterarse tarde de todo.

A la par, el art. 135 dispone que el fiscal comunique a la víctima sus derechos desde el momento mismo en que intervenga, incluida la posibilidad de formular una pretensión indemnizatoria. En la práctica, muchas víctimas nunca reciben esa información completa porque no la exigen ni saben que pueden hacerlo.

Impulsar el proceso significa cosas concretas: aportar y solicitar elementos materiales probatorios, pedir al fiscal que realice actos de investigación, oponerse a una solicitud de preclusión, ser oído antes de que se apruebe un preacuerdo y solicitar medidas de protección cuando hay riesgo. La víctima diligente —y bien asesorada— evita que el caso se archive por inactividad o que avance en una dirección que la deja sin reparación. Si quien conoce el delito no es la víctima sino un tercero, las reglas de la denuncia cambian (qué hacer si se entera de un delito).

Qué hace su abogado. Presenta el memorial de acreditación con la prueba del daño, exige que se le notifiquen las audiencias, controla que la información del art. 136 efectivamente llegue y convierte el "derecho a ser oído" en intervenciones concretas y oportunas.

Qué puede pedir su abogado en cada etapa

La intervención de la víctima no es igual de intensa durante todo el proceso. La Corte Constitucional aclaró que es más amplia antes y después del juicio, y más limitada en el juicio oral. Saber qué se puede pedir en cada momento evita perder oportunidades que no se repiten.

Esta tabla es también un mapa de riesgos: cada casilla es una puerta que, si no se cruza a tiempo y con quien sabe hacerlo, se cierra. La preclusión no consultada, el preacuerdo aprobado sin oírlo, el incidente que nunca se pidió: así se pierden casos con fundamento.

El incidente de reparación integral: cómo se cuantifica y cobra el daño

La condena penal resuelve la responsabilidad, pero no fija automáticamente cuánto le deben reparar a usted. Para eso existe un trámite propio: el incidente de reparación integral, donde se discute y cuantifica el daño causado por el delito.

La reparación integral no es solo dinero. Comprende la indemnización de perjuicios materiales —daño emergente y lucro cesante— y morales, pero también medidas de satisfacción, disculpas o garantías de no repetición, según el caso. En el incidente su abogado formula oralmente la pretensión, la sustenta con pruebas y puede intentar una conciliación sobre el monto que, de prosperar, se incorpora a la sentencia. Conviene tener presentes las distintas formas del daño:

Note dos detalles de la norma que suelen costar caro. Primero, el incidente se abre a solicitud de la víctima: si usted no lo pide —o no lo pide bien y a tiempo—, la reparación puede quedar sin resolverse en sede penal y obligarlo a un pleito civil aparte, más largo y costoso. Segundo, hay un plazo de caducidad.

Un ejemplo. Tras una lesión personal, hubo condena. Usted celebra y baja la guardia. Pasan más de treinta días y nunca se pidió el incidente: la vía penal para reparar se cerró. Un abogado atento presenta la solicitud dentro del plazo, con la cuantificación lista, y no deja que la victoria penal se quede sin efecto económico.

Medidas de protección y atención a la víctima

Denunciar a veces implica riesgo: amenazas, hostigamiento, presión para desistir. La ley previó herramientas para ello, aunque no se activan solas. Dentro del proceso penal, la Fiscalía debe adoptar medidas para la atención de las víctimas, garantizar su seguridad personal y familiar y protegerlas frente a una publicidad que ataque su intimidad o dignidad; y usted puede pedir, por conducto del fiscal, medidas ante el juez de control de garantías.

Cuando el delito es de violencia contra la mujer, hay una vía adicional y más rápida, que corre en paralelo al proceso penal. La Ley 1257 de 2008 reconoce derechos reforzados a las víctimas de violencia y habilita medidas de protección que se piden ante el comisario de familia (o, en su defecto, el juez civil municipal o promiscuo municipal).

El punto de fondo es el mismo en ambas vías: estas medidas suelen depender de que alguien las solicite y las sustente. Un abogado que conoce la ruta sabe qué pedir, ante quién y con qué respaldo probatorio, y sabe combinar la protección penal con la de familia cuando el caso lo exige.

Un ejemplo. Después de denunciar, empiezan las llamadas intimidatorias para que retire la denuncia. En vez de ceder, usted puede pedir medidas de protección en el proceso (art. 137) y, si se trata de violencia intrafamiliar o de género, una medida de protección ante el comisario de familia. Documentar cada amenaza —capturas, testigos, fechas— es lo que le da sustento a la solicitud.

Qué NO hacer si usted es víctima

Tan importante como saber qué hacer es evitar los errores que, una y otra vez, hunden casos con fundamento:

• No espere "a ver qué pasa". En los delitos querellables el término de seis meses corre, por regla general, desde la comisión del delito —y solo cuando por fuerza mayor o caso fortuito acreditados usted no pudo conocerlo, desde que ese impedimento cesa (art. 73)—, no desde que usted “decide” actuar.
• No confunda denuncia con querella. Poner el hecho en conocimiento no siempre basta; en los querellables se necesita el acto de querella del querellante legítimo (arts. 71 y 74).
• No falte a la conciliación sin justificación. Su inasistencia se entiende como desistimiento de la pretensión (art. 522).
• No firme acuerdos ni concilie montos sin asesoría. Una reparación mal pactada es difícil de deshacer, y puede cerrar el reclamo.
• No dé por hecho que el fiscal "es su abogado". La Fiscalía debe ser objetiva e investigar también lo favorable al procesado (art. 250 C.N.).
• No olvide pedir el incidente de reparación. No se abre solo: caduca a los treinta días de quedar en firme la condena (arts. 102 y 106).
• No destruya ni "ordene" la evidencia original. Conserve los soportes tal como están; manipularlos les resta valor probatorio.
• No enfrente al agresor por su cuenta si hay riesgo. Active los canales de protección en lugar de exponerse.

Mitos frecuentes

Alrededor del papel de la víctima circulan creencias que conviene desmontar:

• "Si no sé quién fue, no puedo denunciar." Falso. La condición de víctima existe con independencia de que se identifique al autor (art. 132); denunciar es, muchas veces, lo que permite identificarlo.
• "La Fiscalía se encarga de todo, yo no tengo que hacer nada." Falso. La Fiscalía investiga y acusa por el interés general; sus intereses particulares —y su reparación— los impulsa su abogado (arts. 137 y 250 C.N.).
• "Con la condena me pagan automáticamente." Falso. La reparación se reclama y cuantifica en un incidente aparte, a solicitud suya y con plazo de caducidad (arts. 102 y 106).
• "Conciliar es obligatorio y me toca aceptar lo que ofrezcan." A medias. En los querellables la conciliación es un requisito de procedibilidad, pero no la obliga a aceptar un mal acuerdo; si no hay arreglo, la Fiscalía continúa (art. 522).
• "Como víctima no necesito abogado." Depende de la etapa. Para actuar desde la audiencia preparatoria, y siempre como acusador privado, la ley exige representación (arts. 137 y 549).
• "Denunciar no sirve para nada." Falso en términos jurídicos: sin noticia criminal no hay proceso posible, y la denuncia activa deberes de información y protección a su favor (arts. 133 y 136).

Checklist de las primeras 72 horas

Las decisiones tempranas condicionan todo lo que viene. Sin improvisar, estos pasos ordenan el caso desde el inicio:

1. Preserve la evidencia. Guarde mensajes, correos, fotografías, facturas, historia clínica, datos de testigos y cualquier registro. Lo que no se documenta hoy, mañana es difícil de probar.
2. Atienda lo urgente. Si hay lesiones, acuda a un centro médico y conserve la historia clínica y el dictamen; si hay riesgo, active los canales de protección.
3. Ordene los hechos. Escriba una cronología clara: qué pasó, cuándo, dónde, quién y con qué pruebas. Ese relato es la base de una denuncia sólida.
4. Clasifique el delito. Averigüe si es de oficio o querellable y, si es querellable, tenga presente el plazo de seis meses y la conciliación previa (arts. 73 y 522).
5. Presente la noticia criminal donde corresponda. De forma presencial ante la Fiscalía, en las URI o los puntos de atención, o por los canales virtuales habilitados.
6. Exija la información que le deben. Pida que le indiquen el trámite, las actuaciones siguientes y cómo pedir protección (art. 136).
7. Asesórese antes de negociar. No acepte acuerdos ni firme conciliaciones sin entender a qué renuncia. Una reparación mal pactada es difícil de deshacer.

Denunciar a tiempo y de manera ordenada no garantiza un resultado, pero sí protege sus derechos desde el primer día y evita los errores que después no tienen arreglo.

Su caso merece más que esperar

Ser víctima de un delito no lo condena a mirar desde afuera. La ley colombiana le reconoce un papel activo —derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación— y, en varias etapas, ese papel solo se ejerce con abogado. Contar con representación propia no reemplaza a la Fiscalía: la complementa y vigila que sus intereses no queden en segundo plano.

En Cafore Abogados acompañamos a las víctimas a ordenar hechos, evidencia y tiempos, y a decidir la vía más adecuada para cada caso. Si usted atraviesa una situación así, cuéntenos qué ocurrió y le orientamos sobre los pasos a seguir. Escríbanos o llame al 313 8411825.

Normas y jurisprudencia citadas

• Art. 229 de la Constitución Política — garantiza el acceso de toda persona a la administración de justicia. Fuente
• Art. 250 de la Constitución Política — funciones de la Fiscalía; deber de investigar lo favorable y lo desfavorable al imputado; parágrafo 2 que habilita asignar la acción penal a la víctima. Fuente
• Art. 11 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) — derechos de las víctimas: acceso a la justicia, trato digno, protección, reparación, ser oídas e información. Fuente
• Art. 71 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) — define el querellante legítimo: la víctima, su representante legal o sus herederos. Fuente
• Art. 73 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) — fija la caducidad de la querella en seis meses. Fuente
• Art. 74 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) — lista las conductas que requieren querella y sus excepciones. Fuente
• Art. 76 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) — desistimiento de la querella. Fuente
• Arts. 102 a 106 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) — incidente de reparación integral: procedencia, trámite, audiencia y caducidad de treinta días. Fuente
• Art. 132 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) — define quién es víctima a partir del daño directo. Fuente
• Arts. 133 y 134 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) — atención, protección y medidas indispensables para la víctima. Fuente
• Arts. 135 y 136 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) — garantía de comunicación y derecho de la víctima a recibir información. Fuente
• Art. 137 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) — intervención de la víctima en todas las fases y necesidad de abogado. Fuente
• Art. 522 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) — conciliación como requisito de procedibilidad en los delitos querellables. Fuente
• Arts. 549 a 551 del Código de Procedimiento Penal (adicionados por la Ley 1826 de 2017) — acusador privado, conversión de la acción penal y titulares. Fuente
• Sentencia C-228 de 2002 — los derechos de la víctima comprenden verdad, justicia y reparación, no solo la indemnización económica. Fuente
• Sentencia C-209 de 2007 — precisa el alcance de la participación de la víctima en el sistema penal acusatorio. Fuente
• Ley 1257 de 2008 — derechos y medidas de protección en casos de violencia contra la mujer. Fuente