Antes de denunciar: Guía práctica sobre qué hacer y cómo presentar una denuncia penal correctamente

La denuncia puede ser presentada por la víctima o por cualquier otra persona que tenga noticia del hecho, y no requiere trámites complejos, basta con comunicar claramente lo sucedido. Una manifestación (verbal, escrita o técnica) ante la autoridad competente que describa los hechos punibles conocidos, bajo juramento. En resumen, se trata de dar noticia criminal para activar la investigación.

En el ámbito procesal, la falta de denuncia de un testigo no tipifica delito. No obstante, hacer una denuncia falsa (inventar delitos o imputar a alguien un crimen sabiendo que no ocurrió) es en sí mismo un delito. El Código Penal sanciona la falsa denuncia (artículo 435 y, cuando la denuncia se hace contra persona determinada a sabiendas de su inocencia, artículo 436); la calumnia (artículo 221), cuando se imputa públicamente a alguien una conducta delictiva falsa; y el falso testimonio (artículo 442), cuando la declaración se rinde bajo juramento ante autoridad competente.

No es un requisito obligatorio contar con abogado para presentar una denuncia penal: cualquier persona puede acudir directamente a la Fiscalía o a una estación de Policía y radicar la denuncia. Sin embargo, contar con asesoría legal puede aportar ventajas importantes: ayuda a redactar la denuncia con claridad, identificar los artículos jurídicos aplicables y asegurar que se incluyan los elementos esenciales y pruebas relevantes. Si usted tiene dudas sobre cuándo conviene acudir a un abogado penal, vale la pena identificarlas antes de que el caso avance a la imputación o a la audiencia preparatoria.

No todos los delitos pueden denunciarse libremente por cualquier persona. En algunos casos, la ley exige que sea la propia víctima (o su representante legal) quien presente una querella para que se inicie la acción penal. Estos son los llamados delitos querellables. Conviene precisar que la doctrina y el Código de Procedimiento Penal distinguen entre los delitos querellables (cuya acción es pública pero requiere querella para iniciarse, artículo 74 del CPP) y los delitos de acción privada (en los que la víctima ejerce directamente la acción penal por intermedio de su abogado, artículos 549 y siguientes del CPP modificados por la Ley 1826 de 2017). En otras palabras, si el hecho es de este tipo, la Fiscalía no puede comenzar una investigación solo con una denuncia presentada por un tercero: debe existir la voluntad expresa de la víctima para que el proceso avance.

El Código de Procedimiento Penal (art. 74) señala cuáles son esos delitos. En general, se trata de conductas consideradas menos graves o que afectan principalmente intereses privados, como las lesiones personales leves sin secuelas, las injurias y calumnias, el hurto simple de baja cuantía, la estafa de bajo monto, o ciertos casos de falsedad documental leve, entre otros. En estos delitos, la querella funciona como una especie de autorización que la víctima otorga para que el Estado investigue.

Es importante tener presente que la querella debe presentarse dentro de los seis meses siguientes a la comisión del hecho (art. 73 CPP). Si la víctima no lo hace en ese plazo, el derecho a iniciar la acción penal caduca, es decir, se pierde la oportunidad de abrir una investigación.

En cambio, los delitos no querellables, también llamados de acción pública, pueden denunciarse en cualquier momento (mientras no haya prescrito la acción penal), y la Fiscalía puede investigarlos incluso si la víctima no lo solicita o cambia de opinión después.

En resumen, mientras que la denuncia puede presentarla cualquier persona que tenga conocimiento de un delito de acción pública, la querella es un acto que solo puede presentar la víctima (o su representante) en los delitos querellables, según el artículo 74 del Código de Procedimiento Penal. Por eso, antes de acudir a denunciar, es recomendable asesorarse para saber si el hecho es querellable, ya que de ello depende que la investigación pueda o no iniciarse.

Y la petición especial, que es la vía para iniciar acción penal por delitos cometidos en el extranjero bajo ciertas condiciones (CPP art. 75). La tramita el Procurador General a solicitud de las autoridades o víctimas.

En general, no existe un plazo fijo único para presentar una denuncia penal ante la Fiscalía, pues muchos delitos son de acción pública y la ley no impone un término explícito para denunciarlos. Sin embargo, pueden jugar en su contra factores como la prescripción de la acción penal o que no existan pruebas suficientes con el paso del tiempo.

El Código Penal colombiano establece que los delitos cuya pena no es privativa de la libertad prescriben en cinco años. En otros casos, los plazos de prescripción dependen de la gravedad del delito, la pena máxima señalada, o si el delito es permanente o continuado.

Además, para delitos querellables existe un plazo de caducidad: la querella debe presentarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la comisión de la conducta punible.

Para los delitos públicos, no hay un plazo fijo de “caducidad” para denunciar (sí existe la prescripción penal general prevista en el Código Penal); sin embargo, cuanto más tiempo pase, más difícil será recabar pruebas. Por ello es aconsejable denunciar tan pronto como sea posible. En todo caso, la denuncia tardía no acarrea sanción penal por sí misma, pero puede causar que la Fiscalía archive el caso por falta de avances o prescripción de la acción.

Una vez radicada la denuncia, no se puede simplemente “retirar” porque la acción penal es pública. El fiscal tiene la obligación de investigar a pesar de la voluntad del denunciante.

Solo en los delitos querellables (artículo 74 del Código de Procedimiento Penal) la víctima que presentó querella puede desistir del proceso. El CPP lo permite: en cualquier momento previo a finalizar la audiencia preparatoria, el querellante puede manifestar su decisión de no continuar. Si el juez acepta el desistimiento, se archiva definitivamente el caso contra todos los investigados.

Pero esto es distinto de la denuncia: el denunciante en un proceso público no tiene esa opción.

En principio puede informarse un hecho delictivo sin revelar datos personales (p. ej. a través de internet o líneas telefónicas). Sin embargo, la ley advierte que “los escritos anónimos que no suministren evidencias o datos concretos” simplemente serán archivados. En la práctica, la Fiscalía necesita datos verificables para investigar; por lo tanto, si el denunciante no se identifica y no aporta pruebas mínimas, el caso no avanzará. Se recomienda al menos dar algún medio de contacto o testigos para que la autoridad pueda seguir la investigación.

Denunciar algo sabiendo que es mentira es un delito. Como se mencionó, la falsa denuncia puede configurar el delito de falsa denuncia (artículo 435 del Código Penal) o, cuando se hace contra persona determinada a sabiendas de su inocencia, el de falsa denuncia contra persona determinada (artículo 436). Si la imputación falsa de una conducta delictiva se hace públicamente, puede constituir calumnia (artículo 221). Si la declaración se rinde bajo juramento ante autoridad competente, podría también configurarse falso testimonio (artículo 442). En cualquier caso, quien invente un delito o acuse injustamente a otro enfrentará penas de multa o prisión según el caso.

Además, el propio acto de advertencia en sede policial deja claro que se prevé castigo penal para quien denuncie falsamente.

Si la Fiscalía revisa el caso y comprueba que no hay indicios suficientes (ni pruebas de los hechos denunciados), se pedirá el archivo de la investigación. Esto significa que el caso se suspende indeterminadamente. La víctima será notificada y el proceso penal no seguirá adelante.

No obstante, el archivo no es un juicio en contra del denunciante, simplemente refleja que no se pudo demostrar el delito. Si con posterioridad aparecen nuevos elementos, la Fiscalía podría reabrir la investigación antes de que el delito prescriba. Si finalmente se precluye definitivamente, no habrá sanción penal.