Abogado en derecho civil y comercial inmobiliario para contratos, predios, cobros y disputas patrimoniales.

Cuando un arrendatario incumple el pago del canon o cualquier otra obligación esencial del contrato, el arrendador puede iniciar un proceso de restitución de inmueble arrendado, regulado por la Ley 820 de 2003 y el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012). Es un proceso especial, más ágil que un ordinario, pero requiere requerimientos previos y formalidades específicas.Los pasos generales son: (i) requerimiento al arrendatario para que pague o entregue el inmueble; (ii) presentación de la demanda ante el juez civil municipal o de pequeñas causas, según la cuantía; (iii) inscripción de la demanda; (iv) audiencia; y (v) sentencia y diligencia de entrega. Si el contrato no se encuentra en debida forma o no se hicieron los requerimientos previos, el proceso puede demorarse. La duración estimada oscila entre cuatro y doce meses, dependiendo del juzgado.

La duración real depende de varios factores: la congestión del juzgado, la corrección de la demanda, la actitud procesal del arrendatario, la existencia de oposiciones serias y la modalidad del proceso. En la práctica, un proceso de restitución bien estructurado puede tardar entre cuatro y doce meses, contados desde la presentación de la demanda hasta la diligencia de entrega.Procesos con incidentes (recursos, tachas, peritajes, embargos paralelos) pueden extenderse más. La preparación cuidadosa del expediente antes de demandar (contrato, certificados de existencia, paz y salvos, comunicaciones previas) suele acortar tiempos significativamente. Recuerde que la sentencia favorable no es sinónimo de entrega inmediata: la diligencia material puede requerir actuación de policía y fijación de fechas.

La prescripción adquisitiva, también llamada usucapión, es el modo de adquirir el dominio de un bien por la posesión prolongada, pacífica e ininterrumpida durante el tiempo que establece la ley. Está regulada en los artículos 2512 y siguientes del Código Civil.Existen dos modalidades principales: la prescripción ordinaria, que requiere posesión por cinco años respecto de bienes inmuebles con justo título y buena fe; y la prescripción extraordinaria, que opera por diez años de posesión, aun sin justo título. La declaración se obtiene mediante un proceso judicial declarativo en el que el poseedor debe probar los elementos de la posesión (ánimo de señor y dueño, hechos materiales de explotación) y el cumplimiento de los plazos. No se puede usucapir frente al Estado ni respecto de ciertos bienes inalienables.

Antes de comprar un inmueble es indispensable realizar una debida diligencia jurídica que abarque, como mínimo: (i) certificado de tradición y libertad reciente de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, para verificar el historial de propietarios, embargos, hipotecas, demandas inscritas y limitaciones al dominio; (ii) paz y salvo predial ante el municipio; (iii) paz y salvo de valorización; (iv) paz y salvo de administración en propiedad horizontal, con copia del reglamento; (v) licencias urbanísticas y de construcción si el inmueble fue edificado o ampliado; y (vi) revisión de servicios públicos.Adicionalmente conviene verificar la identidad del vendedor, su capacidad para enajenar (especialmente si hay sociedad conyugal, sucesión en trámite o sociedad propietaria), la afectación a vivienda familiar y la inexistencia de procesos judiciales sobre el inmueble. Una promesa de compraventa bien redactada y la asesoría notarial son la mejor protección frente a vicios ocultos del título.

La promesa de compraventa es un contrato preparatorio en el que las partes se obligan a celebrar en el futuro un contrato definitivo de compraventa. Para que produzca efectos jurídicos plenos en materia inmobiliaria, debe constar por escrito (o por escritura pública si las partes lo deciden), determinar con precisión el bien, el precio, el plazo o condición para celebrar el contrato definitivo y el lugar y fecha de la escritura pública.Sirve para fijar las condiciones del negocio mientras se obtienen recursos, créditos, paz y salvos o se cumplen condiciones suspensivas. Suele acompañarse de arras (penales o de retracto, artículos 1859 y 1860 del Código Civil) que permiten a las partes proteger su posición si la otra incumple. Una promesa mal redactada puede ser inejecutable o generar litigios costosos, por lo que conviene la asesoría de un abogado al firmarla.

Sí, pero con condiciones. La Ley 820 de 2003 regula la terminación del contrato de arrendamiento de vivienda urbana. El arrendatario puede dar por terminado el contrato sin justa causa pagando al arrendador una indemnización equivalente al precio de tres meses de canon, siempre que avise por escrito con tres meses de anticipación.El arrendador, en cambio, solo puede dar por terminado el contrato unilateralmente al vencimiento del periodo inicial o de cualquier prórroga, con preaviso de tres meses y pago de indemnización equivalente a tres meses de canon, conforme al artículo 22 de la misma ley. Para terminación por justas causas (no pago, subarriendo no autorizado, daños al inmueble, etc.) no se requiere indemnización y la causal debe acreditarse. En arrendamientos comerciales rige el Código de Comercio, con reglas diferentes en cuanto a renovación.

Para los contratos de arrendamiento de vivienda urbana, el artículo 20 de la Ley 820 de 2003 establece que el canon puede reajustarse anualmente, una vez cumplido el primer año del contrato, en una proporción que no podrá ser superior al ciento por ciento del incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el DANE para el año calendario inmediatamente anterior.El reajuste debe notificarse al arrendatario por escrito y, salvo pacto en contrario, opera de manera automática al cumplirse cada año del contrato. En contratos de arrendamiento comercial, las reglas son distintas y permiten mayor libertad contractual, aunque la jurisprudencia ha limitado los reajustes desproporcionados. Si el contrato no establece reajuste, no opera automáticamente: se requiere acuerdo entre las partes.

El arrendatario está obligado a usar la cosa arrendada según su naturaleza y destino, conservarla con la diligencia de un buen padre de familia y restituirla en el estado en que la recibió, salvo el deterioro natural por el uso legítimo. Así lo establecen los artículos 1996 y siguientes del Código Civil y los artículos 9 y 27 de la Ley 820 de 2003.Por daños imputables al arrendatario o a personas bajo su dependencia, este responde económicamente. Las reparaciones locativas (las que provienen del uso ordinario, como pintura ligera o reposición de elementos menores) corren por cuenta del arrendatario; las necesarias (estructurales o que aseguren la habitabilidad) son del arrendador, salvo que se hayan causado por culpa del arrendatario. La prueba del estado inicial mediante inventario fotográfico al inicio y al final del contrato es la mejor herramienta para resolver controversias sobre el deterioro.

Un abogado inmobiliario atiende todas las situaciones jurídicas que recaen sobre bienes raíces. En Cafore Abogados asesoramos en transacciones inmobiliarias (compraventa, permuta, dación en pago), contratos de arrendamiento residencial y comercial regidos por la Ley 820 de 2003, derecho de propiedad y propiedad horizontal conforme a la Ley 675 de 2001, y resolución de disputas inmobiliarias. Hacemos due diligence sobre la matrícula inmobiliaria, libertad y tradición, gravámenes, certificaciones catastrales y régimen urbanístico aplicable. Nuestro objetivo es proteger el negocio antes de la firma, no solo defenderlo después. Atendemos transacciones en Bogotá y en cualquier ciudad del país.

Representamos a personas y empresas en una amplia gama de procesos civiles: procesos de pertenencia para sanear la propiedad por prescripción adquisitiva, responsabilidad civil contractual y extracontractual, acciones reivindicatorias y revocatorias, simulaciones y resoluciones de contrato, y procesos ejecutivos para cobro de sumas de dinero a partir de títulos valores o documentos que prestan mérito ejecutivo conforme al artículo 422 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012). Nuestro enfoque combina análisis estratégico previo, diseño de la teoría del caso y litigio ante juzgados civiles del circuito, municipales y especializados según la cuantía y naturaleza del asunto.

Sí, y suele ser la decisión más rentable que toma el comprador. La revisión técnica abarca el estudio de títulos por veinte años, verificación de gravámenes y limitaciones en el certificado de tradición y libertad, comprobación de paz y salvos de administración y servicios, validación del régimen urbanístico, revisión del estado de impuesto predial y valorización, y análisis de la promesa de compraventa frente a la escritura definitiva. En Cafore Abogados somos reconocidos por nuestra experiencia en la redacción y negociación de contratos, con un enfoque proactivo que identifica riesgos antes de que se materialicen y garantiza claridad contractual entre las partes.

Redactamos y negociamos contratos comerciales, acuerdos de servicios profesionales, contratos de suministro, distribución, agencia, mandato, prestación de servicios, joint ventures, NDAs y memorandos de entendimiento. Nuestra metodología incluye identificación de riesgos específicos del negocio, definición clara de obligaciones, declaraciones y garantías, indemnidades, mecanismos de salida, cláusulas de fuerza mayor, ley aplicable y resolución de controversias. Trabajamos tanto para empresas que necesitan modelos contractuales estandarizados como para operaciones complejas o únicas. La práctica de contratos es uno de los pilares reconocidos de la firma y se conecta con las áreas societaria, inmobiliaria y de resolución de controversias.

Sí. Ofrecemos asesoramiento y representación legal en propiedad rural, arrendamientos agropecuarios y contratos del sector agropecuario. Atendemos litigios sobre delimitación de predios rurales, procesos de pertenencia sobre baldíos cuando proceda, contratos de aparcería y de mediería, y operaciones de compraventa de fincas con análisis de uso del suelo y restricciones ambientales. Comprendemos los desafíos específicos del sector agropecuario y proporcionamos soluciones legales adaptadas a sus necesidades. Nuestros cuatro abogados —todos con Tarjeta Profesional expedida por el Consejo Superior de la Judicatura — DEAJ— atienden desde el Edificio Excélsior en Bogotá con cobertura en todo el territorio nacional.