Denunciar un abuso sexual años después: la imprescriptibilidad en la práctica

Qué significa que estos delitos ya no prescriban, a quién cubre esa regla, qué puede probarse tras años y cómo se denuncia sin recordar la fecha exacta.

Denunciar años después: lo primero que conviene saber

Si los hechos ocurrieron cuando usted era menor de dieciocho años, hoy la ley no fija plazo para denunciarlos. El artículo 83 del Código Penal establece que la acción penal es imprescriptible tratándose de los delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexuales, del incesto y del homicidio agravado del artículo 103A, cuando se cometen contra niños, niñas y adolescentes. Es la redacción vigente, fijada por el artículo 8 de la Ley 2098 de 2021. Esa regla es de 2021 y no resuelve por sí sola los hechos anteriores: si el término que entonces corría ya se había cumplido, que la imprescriptibilidad alcance su caso lo decide el juez. Lo desarrollamos más abajo. Si usted ya era mayor de edad entonces, la respuesta es otra: depende del delito y de la fecha.

Antes del procedimiento, lo demás. La decisión de denunciar es suya y de nadie más. No haberlo hecho antes no le resta credibilidad ni es algo que deba justificar: en estos hechos la demora es la regla. Y la atención en salud, en particular la salud mental, no depende de haber denunciado ni del tiempo transcurrido.

Esta pieza forma parte de la guía para víctimas de delitos sexuales en Colombia y responde a una pregunta: qué ocurre si usted denuncia hoy un hecho de hace años.

Qué dice exactamente la ley y a quién cubre la imprescriptibilidad

A quién cubre. La imprescriptibilidad opera cuando la víctima era menor de dieciocho años al momento de los hechos. El criterio es la edad que tenía entonces, no la de hoy: una persona de cuarenta años puede denunciar un hecho ocurrido cuando tenía diez. El inciso cubre los delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexuales —los del Título IV del Código Penal— y menciona aparte el incesto del artículo 237, ubicado en el título de los delitos contra la familia. Ver qué cambia cuando la víctima era un niño, una niña o un adolescente.

En qué compañía quedó. Conviene ver dónde ubicó el legislador esta regla. El mismo artículo 83 declara imprescriptible la acción penal por genocidio, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, y fija treinta años para la desaparición forzada, la tortura y otras conductas. Los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes quedaron en el primer grupo, no en el segundo: no tienen un plazo largo, no tienen plazo.

Dónde termina. Si usted era mayor de edad entonces, rige la regla general del mismo artículo 83: la acción prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena privativa de la libertad prevista para el delito, nunca inferior a cinco años ni superior a veinte; y es de cinco años cuando la pena prevista no es privativa de la libertad. El término se aumenta en la mitad cuando el autor era servidor público en ejercicio de sus funciones y cuando la conducta se inició o consumó en el exterior, sin superar el máximo legal. El cálculo pertenece a las reglas de prescripción de los delitos sexuales y cómo se cuentan.

Por qué encuentra respuestas contradictorias. Antes de la reforma de 2021 la acción no era imprescriptible: ese régimen se introdujo en 2007 y fijaba veinte años contados desde que la víctima cumplía la mayoría de edad. Hay además un detalle de vigencia que casi nadie recoge: la regla nació en la Ley 2081 de 2021, pero esa disposición fue subrogada ese mismo año por el artículo 8 de la Ley 2098 de 2021, redacción actual del artículo 83 —al que el artículo 70 de la Ley 2277 de 2022 añadió después un inciso sobre suspensión del término por acuerdos de pago en delitos tributarios, ajeno por completo a esta materia—. Citar «la Ley 2081 de 2021» como norma vigente es, hoy, impreciso. No es pedantería: quien busca el texto por ese número encuentra una disposición que ya no rige y saca conclusiones sobre una redacción vieja.

El punto delicado: los hechos ocurridos antes de la reforma de 2021

La reforma que eliminó la prescripción es de 2021 y la mayoría de los hechos que motivan una denuncia tardía son anteriores. De ahí, dos situaciones: aquellos cuyo término todavía corría cuando entró a regir la nueva norma y aquellos cuyo término ya se había cumplido.

La diferencia entre las dos no es de matiz. En la primera, lo que se discute es si una ley posterior puede modificar o suprimir un plazo que todavía estaba corriendo. En la segunda, si puede reabrirse una acción que ya se había extinguido antes de que la nueva regla existiera. Son preguntas distintas y no tienen por qué tener la misma respuesta. Ubicar su caso en una o en otra depende de dos datos: la fecha de los hechos y qué término regía entonces para ese delito, contado —bajo el régimen anterior— desde que usted cumplió la mayoría de edad.

El principio en juego es el de legalidad y favorabilidad. El artículo 29 de la Constitución y el artículo 6 del Código Penal establecen que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto imputado, ante juez competente y con las formas propias de cada juicio; que la ley permisiva o favorable, aun posterior, se aplica de preferencia a la restrictiva, sin excepción y aun a quien ya está condenado; y que la analogía solo cabe en materias permisivas. La favorabilidad, entonces, corre en una sola dirección: hacia atrás cuando favorece al procesado, nunca cuando lo perjudica. Y la prescripción no es una simple regla de trámite.

Aquí esta pieza se detiene, a propósito. Ninguna de las dos sentencias que examinaron la imprescriptibilidad dijo una palabra sobre su aplicación en el tiempo: resolvieron si la regla cabe dentro de la Constitución, no qué ocurre con hechos anteriores. Afirmarle que «sí aplica» o que «no aplica» sería atribuirles una respuesta que no dieron. Lo decide el juez en cada caso, y sobre el punto hay discusión.

Queda una consecuencia práctica: usted no tiene que resolver esa pregunta antes de acercarse. Es lo primero que se estudia, con dos datos que usted sí tiene: la fecha aproximada y la edad que tenía entonces. Y conviene decirlo al revés también: quien le responda esa pregunta por internet, sin conocer esos dos datos, le está respondiendo otra cosa.

El problema real: la prueba cuando ya pasaron muchos años

Empecemos por lo que sí sobrevive. El relato de la víctima es un medio de prueba, no un trámite previo a la prueba «de verdad», y los procesos por hechos antiguos se construyen alrededor de él y de lo que lo rodea. Suele conservarse más de lo que se supone:

• registros de atención en salud o en salud mental, de entonces o posteriores;
• mensajes, correos, cartas, agendas o diarios;
• personas a quienes usted le contó, aunque haya sido mucho después;
• cambios documentados de colegio, de residencia o de rutina;
• quejas o reportes previos ante un colegio, una comisaría de familia o el ICBF;
• la valoración psicológica forense, practicada dentro del proceso.

Ese conjunto tiene un nombre técnico que conviene conocer: corroboración periférica. No se trata de encontrar un testigo del hecho —en estos delitos casi nunca existe—, sino de contrastar el relato con datos comprobables a su alrededor: si había o no razones para faltar a la verdad, el daño psíquico causado, el estado anímico en los momentos posteriores. Por eso la lista de arriba no es una colección de consuelos: es, literalmente, el material con el que se construyen estos procesos.

Una precisión sobre el testimonio: según el artículo 437 del Código de Procedimiento Penal, la prueba de referencia es la declaración hecha fuera del juicio oral, usada cuando no es posible practicarla en él. La que usted rinde en el juicio no es prueba de referencia: es prueba directa.

Los tipos penales tampoco exigen un dictamen forense: los artículos 208 y 209 del Código Penal se describen por la conducta y por la edad de la víctima, sin incluir un examen médico legal entre sus requisitos. Lo que ya no está son los hallazgos físicos y la evidencia traza, que se recuperan dentro de un lapso breve posterior al hecho; pasado mucho tiempo, un examen difícilmente arrojará hallazgos de ese tipo. Es esperable y no es un defecto de su caso.

Que sea más difícil probar no equivale a que no se pueda investigar. Y si los elementos bastan no lo decide usted ni lo decide internet: lo deciden la Fiscalía y el juez. Ver qué pesa y qué no pesa como prueba en un delito sexual.

Qué delito se investiga y por qué eso cambia el caso

La calificación depende de dos datos: la edad que usted tenía entonces y la conducta.

Si era menor de catorce años, el Código Penal tiene tipos en los que la edad integra el tipo y no se discute consentimiento: el artículo 208 sanciona el acceso carnal con persona menor de catorce años con prisión de doce a veinte años, y el artículo 209 los actos sexuales diversos del acceso carnal con prisión de nueve a trece años. Ambas cifras corresponden al texto vigente tras la reforma de los artículos 4 y 5 de la Ley 1236 de 2008; los rangos anteriores ya no rigen. El primero, en el acceso carnal abusivo con menor de catorce años. Si tenía entre catorce y dieciocho, la calificación depende de si medió violencia, engaño o aprovechamiento de una posición de poder. Para la imprescriptibilidad lo determinante no es cuál tipo se impute, sino que fuera menor de dieciocho años entonces.

De ahí, dos consecuencias. El artículo 211 no fija pena propia: aumenta de una tercera parte a la mitad las penas de los artículos anteriores del mismo título cuando concurre alguno de sus ocho numerales, entre ellos la posición de autoridad o de confianza sobre la víctima —el cuerpo del artículo es el que fijó la Ley 1236 de 2008, con los numerales que modificó y adicionó la Ley 1257 de 2008 ese mismo año, y tres de ellos llevan marca de exequibilidad condicionada; circulan versiones desactualizadas—. Pesa en casos antiguos, porque muchos ocurren dentro del entorno familiar.

Con parentesco directo puede entrar en juego el incesto del artículo 237, y aquí hay una cifra que se lee mal con frecuencia: está sancionado con prisión de dieciséis a setenta y dos meses —meses, no años; es decir, de un año y cuatro meses a seis años—, según el aumento del artículo 14 de la Ley 890 de 2004, vigente desde el 1.º de enero de 2005. Conviene además ubicarlo bien: el incesto no está en el Título IV sino en el Título VI del Código Penal, entre los delitos contra la familia, y por eso el artículo 83 tuvo que nombrarlo aparte al declarar la imprescriptibilidad. No es un agravante de los delitos sexuales ni los sustituye: es un tipo distinto, que protege un bien jurídico distinto.

La segunda: la lista de conductas que requieren querella es taxativa y ninguno de los delitos del Título IV figura en ella. El texto vigente del artículo 74 del Código de Procedimiento Penal es el del artículo 22 de la Ley 2197 de 2022, corregido por el Decreto 207 de 2022, y su parágrafo añade que tampoco se requiere querella en flagrancia, cuando el sujeto pasivo es menor de edad o inimputable, ni en las conductas de violencia contra la mujer. La consecuencia práctica es la que importa: nadie puede exigirle que llegue a un arreglo, la investigación no depende de que usted la sostenga y ningún acuerdo dentro de la familia hace cesar la actuación una vez la Fiscalía conoce el hecho. La calificación la hace la Fiscalía, la controla el juez y puede variar durante el proceso.

Cómo se denuncia hoy un hecho de hace años y qué sigue después

Dónde. La Fiscalía General de la Nación mantiene un canal virtual, uno telefónico, uno escrito y atención presencial en sus centros y puntos, además de casas de justicia y estaciones de policía. Esos nombres cambian: tómelos de la página oficial el día en que vaya a usarlos. El detalle está en dónde y con qué se presenta la denuncia.

Qué se necesita. No se exige recordar la fecha exacta. Un marco temporal aproximado —un año, un grado escolar, la dirección donde vivía, la edad que tenía— basta para que se registre la noticia criminal; la precisión se construye después. Tampoco se exige llevar pruebas: se puede denunciar solo con el relato. Recordar de forma fragmentada o no lineal es frecuente en hechos antiguos y no es, por sí mismo, una contradicción.

Qué sigue. El caso se asigna a un fiscal; hay una entrevista; es probable una valoración psicológica forense; se ordenan actos de investigación; y llega una decisión: imputar, archivar o pedir la preclusión. Conviene saber qué significa cada palabra. El archivo, según el artículo 79 del Código de Procedimiento Penal, procede cuando la Fiscalía constata que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan caracterizar el hecho como delito o indiquen su posible existencia como tal: no es una declaración de que a usted no le creyeron. Y no es una puerta cerrada —el artículo está declarado exequible de manera condicionada—: el propio texto prevé que la indagación se reanude si aparecen nuevos elementos probatorios, mientras la acción penal no se haya extinguido; cuando la acción es imprescriptible, ese límite no llega por el paso del tiempo. Estos procesos son largos y sus tiempos no dependen de usted.

Con quién. El artículo 11 del Código de Procedimiento Penal reconoce a la víctima el derecho a ser oída y aportar pruebas, a ser informada desde el primer contacto con las autoridades y a ser asistida por un abogado que puede ser designado de oficio; la condición que antes acompañaba ese literal —«si el interés de la justicia lo exigiere»— fue retirada del ordenamiento por la Corte Constitucional. El artículo 137 añade que desde la audiencia preparatoria la intervención se hace con abogado o estudiante de consultorio jurídico, y que si usted no tiene medios se le designa uno de oficio, previa solicitud y comprobación sumaria: un servicio a cargo del Estado. El fiscal representa a la sociedad, no a usted: ver qué hace un abogado de víctimas y qué hace la Fiscalía y los derechos que tiene la víctima dentro del proceso penal.

Qué puede pedir desde el principio. El artículo 11 no se agota en ser oída. Reconoce también el trato humano y digno durante todo el procedimiento; la protección de su intimidad y de su seguridad, y la de sus familiares y la de los testigos; que se consideren sus intereses cuando la Fiscalía tome decisiones discrecionales sobre la persecución penal; ser informada de la decisión definitiva, acudir ante el juez de control de garantías e interponer recursos; asistencia integral para su recuperación; y traductor o intérprete cuando lo necesite, sin que ese servicio corra por su cuenta. El artículo 137 añade tres cosas concretas: usted puede solicitar al fiscal medidas de protección en cualquier momento de la actuación; el interrogatorio debe practicarse respetando su situación personal, sus derechos y su dignidad; y el juez puede, de forma excepcional y para protegerla, disponer que el juicio se celebre a puerta cerrada mientras usted interviene. Ninguno de esos derechos se activa solo: se piden, y conviene pedirlos desde la primera entrevista y dejar constancia de que se pidieron.

Qué puede lograr una denuncia tardía y qué no puede prometer

Los resultados posibles se enuncian sin jerarquizarlos: que la Fiscalía investigue y formule imputación; que el caso llegue a juicio; que termine en condena; y también que se archive o se solicite la preclusión por insuficiencia de elementos. Ese escenario no deja a la víctima sin herramientas: qué puede hacer la víctima si el caso se archiva o se precluye.

Conviene separar una pregunta que casi nunca aparece: la acción penal y la pretensión de reparación económica no se rigen por las mismas reglas de tiempo, y la imprescriptibilidad de la primera no implica que la segunda esté disponible sin límite.

El incidente de reparación integral tiene su propio momento, y el orden importa. El artículo 102 del Código de Procedimiento Penal, en la redacción del artículo 86 de la Ley 1395 de 2010, prevé que se abra una vez esté en firme la sentencia condenatoria —no antes—, previa solicitud expresa de la víctima, o del fiscal o del Ministerio Público a instancia de ella. En firme la condena, el juez que falló convoca dentro de los ocho días siguientes a la audiencia pública que da inicio al incidente y ordena, si usted lo pide, las citaciones previstas en los artículos 107 y 108. Dicho de otro modo: la reparación no se tramita en paralelo al proceso penal ni se pide en la denuncia, y quien no la solicita expresamente no la obtiene por el solo hecho de que haya condena. Lo aplicable por fuera de esa vía es una pregunta distinta, que se resuelve con la fecha del caso en la mano.

Normas y jurisprudencia citadas

• Ley 906 de 2004, art. 74 — CONDUCTAS PUNIBLES QUE REQUIEREN QUERELLA. El listado de conductas querellables que rige hoy es el del articulo 22 de la Ley 2197 de 2022, corregido por el Decreto 207 de 2022. Fuente
• Ley 906 de 2004, art. 102 — PROCEDENCIA Y EJERCICIO DEL INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL. El tramite que rige hoy es el que introdujo el articulo 86 de la Ley 1395 de 2010: el incidente se abre cuando la sentencia condenatoria queda en firme, no antes. Fuente
• Ley 906 de 2004, art. 11 — DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS. Conserva su texto legislativo original, pero la Corte Constitucional retiró del literal h) la condición «si el interés de la justicia lo exigiere»: la asistencia de abogado a la víctima no queda sujeta a esa valoración. Fuente
• Ley 906 de 2004, art. 137 — INTERVENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN LA ACTUACIÓN PENAL. El numeral 4 de este articulo fue declarado inexequible y no forma parte del texto vigente. Fuente
• Ley 906 de 2004, art. 79 — ARCHIVO DE LAS DILIGENCIAS. El archivo no es una decision definitiva: el propio articulo preve que la indagacion se reanude si aparecen nuevos elementos probatorios, mientras la accion penal no se haya extinguido. Fuente
• Ley 906 de 2004, art. 437 — NOCIÓN (prueba de referencia). Fuente
• Ley 599 de 2000, art. 211 — CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN PUNITIVA. El aumento de una tercera parte a la mitad corresponde al texto vigente fijado por la Ley 1236 de 2008, con los numerales que la Ley 1257 de 2008 modificó y adicionó ese mismo año. Fuente
• Ley 599 de 2000, art. 209 — ACTOS SEXUALES CON MENOR DE CATORCE AÑOS. Esta pena corresponde al texto vigente tras la reforma del artículo 5 de la Ley 1236 de 2008; las cifras anteriores a esa fecha ya no rigen. Fuente
• Ley 599 de 2000, art. 208 — ACCESO CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE CATORCE AÑOS. Esta pena corresponde al texto vigente tras la reforma del artículo 4 de la Ley 1236 de 2008; las cifras anteriores a esa fecha ya no rigen. Fuente
• Ley 599 de 2000, art. 83 — TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. La regla vigente es la del artículo 8 de la Ley 2098 de 2021, con el inciso que le añadió el artículo 70 de la Ley 2277 de 2022. Fuente
• Ley 599 de 2000, art. 237 — INCESTO. Esta pena corresponde al texto con las penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, vigente desde el 1.º de enero de 2005; el rango anterior ya no rige. Tenga presente que está fijado en MESES, no en años. Fuente
• Ley 599 de 2000, art. 6 — LEGALIDAD. Fuente
• Sentencia C-205 de 2022 (relatoría: C-205/22), rad. Expediente D-14.309, M.P. Cristina Pardo Schlesinger — La demanda atacó el inciso que hizo imprescriptible la acción penal por los delitos sexuales y el incesto cometidos contra menores de dieciocho años. La Corte constató que esa disposición había sido subrogada por el artículo 8 de la Ley 2098 de 2021 y que sobre el mismo objeto y el mismo cargo ya se había pronunciado la Sentencia C-422 de 2021: declaró la cosa juzgada constitucional y resolvió estarse a lo resuelto. Precisó que esa cosa juzgada es relativa explícita, porque la expresión sobre el homicidio agravado del artículo 103A —que la sentencia de 2021 ya había dejado fuera del control— no queda cubierta por esos efectos. No hubo un segundo examen de fondo. Fuente
• Sentencia C-422 de 2021 (C-422/21), rad. D-14169, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera y Gloria Stella Ortiz Delgado — La Corte distingue la prescripción de la acción penal —que recae sobre la persecución y el juzgamiento, antes de la sentencia— de la prescripción de la pena, posterior a la condena, y reconoce que la Constitución ampara una garantía de no imprescriptibilidad de la acción penal —artículos 28 y 29—, de modo que la imprescriptibilidad es, por regla general, una excepción prohibida. Tras un juicio estricto de proporcionalidad, y con el interés superior del menor y el principio pro infans como eje, declara exequible, por los cargos analizados, la imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexuales y en el incesto cometidos contra niños, niñas y adolescentes; deja fuera del control la expresión sobre el homicidio agravado del artículo 103A, contra la que no se formuló cargo. No se ocupa de la aplicación de esa regla en el tiempo. Fuente
• CSJ SP12901-2014, rad. 42606, M.P. Fernando Alberto Castro Caballero — La Corte casa la absolución del Tribunal por errores de hecho en la valoración probatoria y deja en firme la condena de primera instancia por acceso carnal abusivo con menor de catorce años en concurso con actos sexuales con menor de catorce años, agravados. Dejó dicho que concluir que el retraso en denunciar indica que la víctima faltó a la verdad es un falso raciocinio. La providencia no trata la prescripción. Fuente
• CSJ SP1885-2024, rad. 56655 (CUI 73585600048420140002201; Acta N.º 168), M.P. Jorge Hernán Díaz Soto — Impugnación especial por doble conformidad contra la primera condena, impuesta en segunda instancia por acto sexual violento (artículo 206 del Código Penal). La Sala confirma la condena: que el examen médico legal no arroje hallazgos de lesiones no significa que la agresión no haya ocurrido, y cuando no quedan huellas materiales el relato de la víctima se contrasta mediante corroboración periférica. En la parte resolutiva exhorta a los funcionarios judiciales a evitar sesgos, prejuicios y estereotipos machistas. La providencia no se ocupa de prescripción. Fuente