Fallo con responsabilidad fiscal: recursos, grado de consulta y demanda ante lo contencioso

Contra el fallo con responsabilidad fiscal no siempre hay apelación: depende de la cuantía fijada en el auto de apertura e imputación. Y existe además un mecanismo que opera sin que nadie lo pida —el grado de consulta— que la mayoría de los afectados desconoce. Esta guía ordena las tres salidas: recursos, consulta y demanda contenciosa.

Qué debe probar el fallo

Antes de discutir recursos conviene saber contra qué estándar se mide la decisión. El artículo 53 de la Ley 610 de 2000 exige que en el proceso obre prueba «que conduzca a la certeza» de:

• La existencia del daño al patrimonio público y de su cuantificación.
• La individualización y actuación del gestor fiscal.
• La relación de causalidad entre el comportamiento del agente y el daño ocasionado al erario.

Y añade una obligación cuantitativa: «Los fallos con responsabilidad deberán determinar en forma precisa la cuantía del daño causado, actualizándolo a valor presente al momento de la decisión, según los índices de precios al consumidor certificados por el DANE para los períodos correspondientes».

El grado de culpabilidad exigido es el del artículo 118 de la Ley 1474 de 2011: dolo o culpa grave. En el proceso verbal, el literal c) del artículo 101 de esa misma ley obliga al funcionario a verificar expresamente ese título en la audiencia de decisión.

Los recursos dependen de la cuantía

El artículo 110 de la Ley 1474 de 2011 fija la regla general de instancias:

«El proceso de responsabilidad fiscal será de única instancia cuando la cuantía del presunto daño patrimonial estimado en el auto de apertura e imputación o de imputación de responsabilidad fiscal, según el caso, sea igual o inferior a la menor cuantía para contratación de la respectiva entidad afectada con los hechos y será de doble instancia cuando supere la suma señalada.»

Y el artículo 102 lo traduce en recursos concretos para el proceso verbal:

Dos plazos que conviene anotar del literal d) del artículo 101 y del artículo 102: el interesado debe manifestar en la audiencia si interpone el recurso, y lo sustenta dentro de los diez días siguientes; los recursos «serán resueltos dentro de los dos meses siguientes, contados a partir del día siguiente a la sustentación».

En el trámite ordinario de la Ley 610, el artículo 55 remite a los recursos del Código Contencioso Administrativo —hoy los del artículo 74 del CPACA (Ley 1437 de 2011): reposición, apelación y queja—, y el artículo 57 fija que el funcionario de segunda instancia decide dentro de los veinte días hábiles siguientes al recibo, pudiendo decretar pruebas de oficio por un máximo de diez días hábiles.

El grado de consulta

Es una garantía que opera de oficio, y su enumeración en el artículo 18 de la Ley 610 conviene leerse despacio porque no cubre todos los fallos:

«Se establece el grado de consulta en defensa del interés público, del ordenamiento jurídico y de los derechos y garantías fundamentales. Procederá la consulta cuando se dicte auto de archivo, cuando el fallo sea sin responsabilidad fiscal o cuando el fallo sea con responsabilidad fiscal y el responsabilizado hubiere estado representado por un apoderado de oficio.»

Los tiempos: el funcionario que profirió la decisión debe enviar el expediente «dentro de los tres (3) días siguientes a su superior funcional o jerárquico», y «si transcurrido un mes de recibido el expediente por el superior no se hubiere proferido la respectiva providencia, quedará en firme el fallo o auto materia de la consulta, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria del funcionario moroso».

Cuándo queda en firme

El artículo 56 de la Ley 610 lo resuelve en tres numerales. Las providencias quedan ejecutoriadas:

1. Cuando contra ellas no proceda ningún recurso.
2. Cinco días hábiles después de la última notificación, cuando no se interpongan recursos o se renuncie expresamente a ellos.
3. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido.

Esa fecha es la bisagra de todo lo que viene: desde ella corre la inhabilidad de cinco años del parágrafo 1º del artículo 42 de la Ley 1952 de 2019, y desde ella el fallo «prestará mérito ejecutivo contra los responsables fiscales y sus garantes» por la jurisdicción coactiva, según el artículo 58.

La demanda ante lo contencioso administrativo

El artículo 59 de la Ley 610 acota qué puede demandarse:

«En materia del proceso de responsabilidad fiscal, solamente será demandable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo el Acto Administrativo con el cual termina el proceso, una vez se encuentre en firme.»

De ahí que los autos intermedios —el de apertura, el que decreta pruebas, el que decreta cautelares— no sean demandables por separado: su control se ejerce en el mismo proceso mediante los recursos, y luego, con el acto final, ante la jurisdicción.

El calendario lo fija el CPACA: cuatro meses para presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, contados desde el día siguiente a la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto (artículo 164, numeral 2, literal d), con la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad cuando el asunto es conciliable (artículo 161); la presentación de la solicitud de conciliación ante el Ministerio Público suspende ese término hasta por tres meses (Ley 2220 de 2022, artículo 96). Las causales son las del artículo 137 del CPACA.

La secuencia, de un vistazo

1. Verifique el estándar del artículo 53: certeza sobre daño, cuantificación, individualización y nexo causal, y actualización con IPC del DANE.
2. Ubique la cuantía del auto de apertura e imputación frente a la menor cuantía de la entidad: define si hay apelación.
3. Manifieste el recurso en la audiencia y sustente dentro de los diez días.
4. Revise si procede la consulta conforme al artículo 18, y controle el plazo de un mes del superior.
5. Fije la fecha de firmeza con el artículo 56: de ahí arrancan la inhabilidad y el cobro coactivo.
6. Cuente los cuatro meses del CPACA y radique la solicitud de conciliación extrajudicial antes de que venzan: su presentación suspende el término hasta por tres meses (Ley 2220 de 2022, artículo 96).
7. Si hay cautelares, prepare la garantía: es lo que permite el desembargo.

Normas y jurisprudencia citadas

• Ley 610 de 2000, artículos 12 y 18 — Medidas cautelares y regla sobre su levantamiento cuando hay demanda admitida; y grado de consulta: supuestos en que procede, envío del expediente en tres días y firmeza automática si el superior no se pronuncia en un mes. Fuente
• Ley 610 de 2000, artículos 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 — Estándar de certeza y actualización con IPC del DANE en el fallo con responsabilidad fiscal; fallo sin responsabilidad; notificación y recursos; momentos de ejecutoria; veinte días hábiles para la segunda instancia; mérito ejecutivo contra responsables y garantes; e impugnación únicamente del acto que termina el proceso, una vez en firme. Fuente
• Ley 1474 de 2011, artículos 101, 102, 110 y 118 — Verificaciones de la audiencia de decisión y manifestación del recurso en audiencia con sustentación en diez días; catálogo de recursos del proceso verbal y plazo de dos meses para resolverlos; única o doble instancia según la cuantía frente a la menor cuantía de la entidad; y grado de culpabilidad de dolo o culpa grave. Fuente
• Ley 1952 de 2019, artículo 42, parágrafo 1º — Inhabilidad de cinco años contados desde la ejecutoria del fallo. Fuente
• Ley 1437 de 2011 (CPACA), artículos 137, 161 y 164 — Causales de nulidad, conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad y término de cuatro meses para demandar. Fuente