Caducidad de la facultad sancionatoria administrativa

Antes de discutir si usted cometió o no la infracción, hay una pregunta que puede terminar el proceso completo: si la autoridad todavía está a tiempo. El artículo 52 del CPACA fija tres plazos distintos, y confundirlos es lo que hace que muchas defensas dejen sobre la mesa el argumento más contundente que tenían.

Los tres relojes del artículo 52

Conviene separarlos desde el principio, porque cuentan cosas distintas, empiezan en momentos distintos y producen consecuencias distintas.

Los tres operan «salvo lo dispuesto en leyes especiales». Si quien lo investiga tiene estatuto propio, lo primero es establecer si ese régimen fija plazos distintos.

Tres años, pero con una exigencia que se pasa por alto

La facultad de imponer sanciones caduca a los tres años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión. Hasta ahí lo que casi todos saben. Lo que la norma añade y suele ignorarse es la condición: dentro de ese término el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado.

No basta con que el funcionario firme la resolución el último día. Si la notificación se produce después, el plazo se cumplió sin que la facultad se ejerciera válidamente.

Por eso, cuando revise su expediente, la fecha que importa no es la del acto: es la de la notificación. Y conviene verificarla en la constancia, no en el encabezado del documento.

Cuándo empieza a correr si la conducta se prolongó

Si se trata de un hecho o conducta continuada, el término no se cuenta desde el primer día, sino desde el día siguiente a aquel en que cesó la infracción o su ejecución.

Esta regla corta en los dos sentidos. Favorece a la autoridad cuando la conducta se mantuvo en el tiempo, pero exige establecer cuándo cesó, porque el artículo 52 del CPACA cuenta el término desde el día siguiente a aquel en que cesó la infracción o su ejecución. Si la entidad no acredita esa fecha, el punto de partida queda en discusión, y esa discusión es del investigado.

El año de los recursos: el reloj que casi nadie vigila

El acto que impone la sanción es una cosa; los actos que resuelven los recursos son otra. El artículo 52 lo dice expresamente, y de ahí se desprende el segundo plazo: los recursos deben decidirse dentro de un año contado desde su debida y oportuna interposición, so pena de pérdida de competencia.

Si ese año vence sin decisión, la consecuencia no es que el proceso se demore: es que los recursos se entienden fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial y disciplinaria del funcionario que se abstuvo de resolver.

Y aquí también hay que notificar, no solo decidir

El artículo 52 exige que los recursos sean «decididos» dentro del año; el Consejo de Estado, en el caso que sigue, entendió que esa decisión debe además quedar notificada dentro del término. Firmarla dentro del año no basta si la notificación llega después.

Los cinco años de la sanción ya impuesta

El tercer plazo opera cuando el proceso ya terminó. La sanción decretada por acto administrativo prescribe a los cinco años contados desde la fecha de ejecutoria.

Es un plazo de cobro, no de imposición. No sirve para discutir si la sanción era procedente; sirve para establecer si todavía puede ejecutarse.

Qué revisar en su expediente, en este orden

1. La fecha de los hechos. No la de la queja, ni la de la apertura de la investigación: la del hecho, conducta u omisión que se imputa.
2. Si la conducta fue continuada, la fecha en que cesó —y si la autoridad la probó o simplemente la afirmó.
3. La fecha de notificación del acto sancionatorio, en la constancia de notificación, no en el encabezado.
4. La fecha de interposición de cada recurso y la de notificación de la decisión que lo resolvió.
5. La fecha de ejecutoria, si lo que está en discusión es el cobro.

Con esas cinco fechas se puede establecer, antes de entrar al fondo, si alguno de los tres relojes ya venció.

Un límite honesto

La caducidad se alega, se prueba con fechas y con frecuencia decide el proceso. Pero conviene decir también lo que no hace: no discute el fondo. Si el plazo no se ha cumplido, este argumento no aporta nada y la defensa tiene que construirse sobre la prueba y sobre el procedimiento.

Por eso el orden importa. Primero las fechas, después el fondo.

Normas y jurisprudencia citadas

• Ley 1437 de 2011 (CPACA), artículo 52 — Caducidad de la facultad sancionatoria a los tres años con acto expedido y notificado; decisión de los recursos en un año so pena de pérdida de competencia; prescripción de la sanción a los cinco años desde la ejecutoria. Fuente
• Ley 2080 de 2021, artículos 3 a 7 — Crean el régimen diferenciado del procedimiento administrativo sancionatorio fiscal, con términos propios y con el artículo 49A sobre recursos. Fuente
• Corte Constitucional, Sentencia C-875 de 2011 — Declaró exequible el aparte del artículo 52 según el cual los recursos no decididos dentro del año se entienden fallados a favor del recurrente, y precisó sus dos efectos. Fuente
• Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 26 de mayo de 2022, rad. 68001-23-33-000-2016-01355-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez — Confirmó la anulación de una multa de $1.933.694.350 porque la decisión del recurso de apelación, aunque expedida dentro del año, se notificó fuera de él. Fuente