Le llegó un pliego de cargos de Supersociedades: el procedimiento etapa por etapa

La Ley 222 de 1995 le da a la Superintendencia de Sociedades la facultad de sancionar —numeral 3 del artículo 86— pero no regula el procedimiento para hacerlo. Esa ausencia no es un vacío: es una remisión. Rige el procedimiento sancionatorio general del CPACA, con sus plazos, sus garantías y su caducidad de tres años.

Por qué aplica el CPACA

El artículo 47 del CPACA lo establece: «Los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el Código Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de esta Parte Primera del Código. Los preceptos de este Código se aplicarán también en lo no previsto por dichas leyes».

Como el numeral 3 del artículo 86 se limita a habilitar la sanción —«imponer sanciones o multas, sucesivas o no, hasta de doscientos salarios mínimos legales mensuales, cualquiera sea el caso, a quienes incumplan sus órdenes, la ley o los estatutos»— sin regular procedimiento, plazos ni caducidad, opera el régimen general.

La ruta completa

Y dos plazos de fondo del artículo 52: três anos de caducidad, dentro de los cuales el acto sancionatorio «debe haber sido expedido y notificado»; y un año para decidir los recursos «so pena de pérdida de competencia», transcurrido el cual «se entenderán fallados a favor del recurrente», regla declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-875 de 2011.

Qué debe decir el pliego

El artículo 47 exige que señale, «con precisión y claridad», cuatro cosas. Aplicadas a este régimen, la verificación es concreta:

Los quince días de descargos

Es la oportunidad probatoria central —aunque el artículo 40 del CPACA permite aportar y pedir pruebas «hasta antes de que se profiera la decisión de fondo»—: «los investigados podrán… presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretendan hacer valer. Serán rechazadas de manera motivada, las inconducentes, las impertinentes y las superfluas y no se atenderán las practicadas ilegalmente».

En materia societaria, la prueba suele ser documental y estar en poder de la sociedad: actas de asamblea y junta, estatutos vigentes en cada fecha, certificados de existencia y representación, estados financieros y sus constancias de depósito, correspondencia con la Superintendencia. Todo eso conviene aportarlo, no solicitarlo.

Si además se vincula a personas naturales

La discusión cambia de eje, pero sin mezclar planos: el artículo 24 de la Ley 222 regula la responsabilidad civil por los perjuicios, no la multa del numeral 3 del artículo 86, frente a la cual las actas valen como prueba del grado de prudencia y diligencia del numeral 6 del artículo 50 del CPACA. El artículo 24 de la Ley 222 —que reescribió el artículo 200 del Código de Comercio— dispone que los administradores «responderán solidaria e ilimitadamente» y que «en los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, se presumirá la culpa del administrador».

La exención está en el inciso anterior: «No estarán sujetos a dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión o hayan votado en contra, siempre y cuando no la ejecuten». Y su prueba son las actas, con identificación del voto negativo.

El estándar de conducta con el que se mide es el del artículo 23: «obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios», con siete deberes concretos —entre ellos «velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias»—.

La graduación

La Ley 222 no trae criterios propios. Rigen los ocho del artículo 50 del CPACA, «en cuanto resultaren aplicables». Cuatro son los que se trabajan:

1. Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora — cada respuesta con radicado y fecha.
2. Renuencia o desacato a las órdenes — cumplir mientras se discute.
3. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes — controles y actas anteriores al hallazgo.
4. Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas.

Los dos primeros se solapan con el supuesto sancionado —incumplir órdenes—, de modo que subsanar tiene doble efecto: detiene las multas sucesivas y neutraliza dos agravantes.

Qué debe contener la decisión

El artículo 49 exige cuatro elementos: individualización de la persona a sancionar; análisis de hechos y pruebas; normas infringidas con los hechos probados; y decisión final de archivo o sanción con su fundamentación.

El segundo exige análisis, no enumeración. El tercero exige correspondencia entre norma y hecho probado. Es contra esa lista que se coteja la resolución antes de recurrir.

La lista corta

1. Fije la fecha de notificación personal y cuente los quince días, que son hábiles: el CPACA no dispone lo contrario y el artículo 62 de la Ley 4.ª de 1913 establece que en los plazos de días «se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario».
2. Identifique el supuesto: orden, ley o estatutos.
3. Si es orden, verifique que exista, esté notificada y sea exigible en sus términos.
4. Subsane lo subsanable de inmediato: detiene las multas sucesivas.
5. Aporte la prueba documental con el escrito, no la solicite.
6. Si hay personas naturales vinculadas, busque en las actas el desconocimiento o el voto en contra, y verifique que no hubo ejecución posterior.
7. Use el traslado de alegatos para cerrar sobre la prueba practicada.
8. Cuente los tres años desde el hecho, la conducta u omisión —o desde el día siguiente al cese, si fue continuada— y verifique que el acto sancionatorio quedó expedido y notificado dentro de ese término; los doce meses del recurso, desde su interposición.

Normas e jurisprudência citadas

• Ley 1437 de 2011 (CPACA), artículos 47, 48, 49, 50, 51 y 52 — Aplicación del procedimiento sancionatorio del Código a lo no regulado por leyes especiales y en lo no previsto por ellas; averiguaciones preliminares con comunicación al interesado, contenido del pliego de cargos con notificación personal e improcedencia de recurso y quince días para descargos y pruebas con rechazo motivado; período probatorio y traslado de diez días para alegatos; los cuatro contenidos del acto definitivo; los ocho criterios de graduación; sanción por renuencia a suministrar información hasta de 100 salarios mínimos; y caducidad de tres años con el acto expedido y notificado, y decisión de los recursos en un año so pena de pérdida de competencia. Fonte
• Ley 222 de 1995, artículo 86, numeral 3 — Facultad de la Superintendencia de Sociedades de imponer sanciones o multas, sucesivas o no, hasta de doscientos salarios mínimos legales mensuales, cualquiera sea el caso, a quienes incumplan sus órdenes, la ley o los estatutos. Fonte
• Ley 222 de 1995, artículos 22, 23 y 24 — Definición de administradores; deberes de obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios; y responsabilidad solidaria e ilimitada con presunción de culpa por incumplimiento o extralimitación de funciones y violación de la ley o los estatutos, con la exención para quienes no conocieron el hecho o votaron en contra siempre que no lo ejecuten. Fonte