La multa de 200 SMLMV: cuándo procede, cómo se gradúa y cómo se reduce

La multa de la Superintendencia de Sociedades cabe en una sola línea del numeral 3 del artículo 86 de la Ley 222 de 1995, y esa brevedad es justamente el problema: el texto no trae criterios de graduación. Por eso la discusión sobre el monto se libra con el artículo 50 del CPACA, y por eso hay tres palabras del numeral que conviene leer con cuidado — «sucesivas o no» e «cualquiera sea el caso».

El texto

«Imponer sanciones o multas, sucesivas o no, hasta de doscientos salarios mínimos legales mensuales, cualquiera sea el caso, a quienes incumplan sus órdenes, la ley o los estatutos.»

Los tres supuestos

La norma sanciona a quienes incumplan tres cosas distintas, y conviene identificar cuál invoca el acto porque la prueba es diferente en cada caso:

1. Sus órdenes. Requiere que exista una orden previa, notificada y exigible. Es el supuesto más fácil de acreditar para la autoridad y el más fácil de verificar para la defensa: si no hay orden previa clara, no hay incumplimiento de orden.
2. La ley. Exige identificar la norma concreta infringida. El numeral 3 del artículo 49 del CPACA obliga a que la decisión señale «las normas infringidas con los hechos probados».
3. Los estatutos. Exige cotejar la conducta con el texto estatutario vigente al momento de los hechos.

Sin criterios propios, rigen los del CPACA

La Ley 222 no enumera criterios de graduación para esta multa. El artículo 50 del CPACA los suple, y su encabezado lo dice: «Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la gravedad de las faltas y el rigor de las sanciones por infracciones administrativas se graduarán atendiendo a los siguientes criterios, en cuanto resultaren aplicables».

Los criterios 4 y 7 son especialmente relevantes en este régimen, porque el supuesto sancionado —incumplir órdenes— se solapa con ellos. Cumplir la orden mientras se discute la sanción evita que el mismo hecho opere dos veces en contra.

El procedimiento y el reloj

La Ley 222 no regula un procedimiento sancionatorio propio ni fija un plazo de caducidad. Aplica por tanto el artículo 47 del CPACA: los procedimientos sancionatorios «no regulados por leyes especiales o por el Código Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de esta Parte Primera del Código». Los plazos de días de la tabla siguiente se cuentan en días hábiles: el Código no dispone lo contrario y el artículo 62 de la Ley 4.ª de 1913 ordena que en los plazos de días «se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario».

La otra facultad que conviene tener presente

El numeral 4 del mismo artículo 86 permite a la Superintendencia «interrogar bajo juramento a cualquier persona cuyo testimonio se requiera para el examen de los hechos relacionados con la dirección, administración o fiscalización de las sociedades». Y el numeral 5, ejercer jurisdicción coactiva.

A eso se suma el artículo 51 del CPACA, que sanciona con multa hasta de 100 salarios mínimos a quienes se rehúsen a presentar los informes o documentos requeridos, los oculten, impidan el acceso a sus archivos, o remitan la información «con errores significativos o en forma incompleta». Es una sanción autónoma que puede acumularse.

Cómo se discute el monto

1. Identifique el supuesto: ¿incumplimiento de una orden, de la ley o de los estatutos? Y verifique que el acto lo precise.
2. Si es incumplimiento de orden, revise que la orden previa exista, esté notificada y sea exigible en sus términos.
3. Coteje el acto contra el artículo 49 del CPACA: individualización, análisis de hechos y pruebas, normas infringidas con hechos probados, y fundamentación.
4. Cumpla la orden mientras discute: la multa puede ser sucesiva y la renuencia es criterio agravante.
5. Documente la diligencia previa para el criterio 6.
6. Decida temprano sobre el reconocimiento: su ventana se cierra con el decreto de pruebas.
7. Cuente los tres años desde el hecho —o desde el día siguiente al cese, si la conducta fue continuada— y verifique que el acto sancionatorio fue expedido y notificado dentro de ese término; los doce meses del recurso, desde su interposición.

Normas e jurisprudência citadas

• Ley 222 de 1995, artículo 86 — Otras funciones de la Superintendencia de Sociedades: imponer sanciones o multas, sucesivas o no, hasta de doscientos salarios mínimos legales mensuales, cualquiera sea el caso, a quienes incumplan sus órdenes, la ley o los estatutos; interrogar bajo juramento a cualquier persona cuyo testimonio se requiera para el examen de los hechos relacionados con la dirección, administración o fiscalización de las sociedades; y ejercer jurisdicción coactiva. Fonte
• Ley 1437 de 2011 (CPACA), artículos 47, 48, 49, 50, 51 y 52 — Aplicación del procedimiento sancionatorio del Código a lo no regulado por leyes especiales; quince días para descargos y pruebas; período probatorio y traslado para alegatos; contenido obligatorio de la decisión; los ocho criterios de graduación; sanción por renuencia a suministrar información hasta de 100 salarios mínimos; y caducidad de tres años con pérdida de competencia al año para resolver los recursos. Fonte