Su proceso lleva más de cinco años: caducidad, el nuevo tope y los planes de descongestión

Hasta 2024 la Ley 1333 no fijaba un término máximo para el procedimiento sancionatorio ambiental: solo la caducidad de veinte años de la acción y los plazos de cada etapa. La Ley 2387 cambió eso: añadió al artículo 10 un parágrafo que fija un techo de cinco años para el procedimiento, prorrogable por otro tanto solo mediante resolución motivada. Y ordenó a las autoridades formular planes de descongestión públicos para los procesos más antiguos.

Los dos plazos, que no son el mismo

El techo de cinco años

«Una vez iniciado el procedimiento sancionatorio ambiental, dentro del término de caducidad previsto en el presente artículo, el procedimiento no podrá extenderse más allá de cinco (5) años.

La autoridad podrá, mediante resolución motivada, prorrogar hasta por otro término igual la duración del procedimiento sancionatorio ambiental cuando la complejidad del caso o del acervo probatorio lo haga necesario.»

Tres verificaciones concretas en un expediente largo:

1. ¿Existe la resolución de prórroga? No opera de pleno derecho.
2. ¿Está motivada? El texto lo exige expresamente.
3. ¿La motivación invoca complejidad del caso o del acervo probatorio? Son las dos únicas razones que la norma admite.

Los planes de descongestión

Es la parte del parágrafo que menos se conoce y la que crea una obligación pública verificable:

«Al año de la entrada en vigencia del presente parágrafo, será de obligatorio cumplimiento por las autoridades ambientales formular un plan de descongestión de los procesos sancionatorios ambientales que lleven más de 15 años y estén próximos a cumplir 20 años desde la iniciación del procedimiento. Los procesos en el plan de descongestión se deberán resolver en 3 años.»

Y tres reglas sobre su publicidad y exigibilidad:

• Debe ser presentado «por el director general para conocimiento del consejo directivo de su Corporación».
• Debe ser publicado en el sitio web de la autoridad ambiental, «salvaguardando aquellos datos personales protegidos por la Ley 1581 de 2012 de habeas data».
• «El incumplimiento del plan de descongestión constituirá falta disciplinaria en los términos del numeral 1 del artículo 39 de la Ley 1952 de 2019, o el que lo derogue o sustituya».

De modo que si su proceso lleva más de quince años, el plan de descongestión de esa autoridad es un documento público que debería estar disponible, y su incumplimiento tiene consecuencia disciplinaria nombrada en la ley.

Los plazos internos que también corren

Además del techo global, el procedimiento tiene plazos por etapa que conviene verificar uno a uno en expedientes largos:

Ninguno de estos plazos produce por sí solo el archivo, pero su incumplimiento sistemático es el material con el que se construye el argumento sobre la duración total y, cuando corresponde, la solicitud de intervención de los órganos de control.

Si la sanción ya se impuso pero no se ejecutó

El artículo 11 abre otra vía: «Las sanciones impuestas y no ejecutadas perderán fuerza ejecutoria en los términos del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo o las normas que lo sustituyan o adicionen».

Es un plano distinto del de la caducidad: opera sobre actos ya proferidos y remite al régimen general de pérdida de fuerza ejecutoria, hoy en el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) —que sustituyó al artículo 66 del Código Contencioso Administrativo—, cuyo numeral 3 la produce cuando al cabo de cinco años de estar en firme la autoridad no ha realizado los actos para ejecutarla. Conviene revisarlo cuando existe una sanción antigua que nunca se hizo efectiva.

Cómo se construye el argumento

1. Fije la fecha de iniciación del procedimiento —no la del hecho— y cuente los cinco años.
2. Descuente los períodos de suspensión del artículo 18A, si los hubo.
3. Pida la resolución de prórroga si el proceso superó el techo, y examine su motivación.
4. Consulte el plan de descongestión de la autoridad si el proceso lleva más de quince años: debe estar publicado.
5. Reconstruya los plazos por etapa con las fechas del expediente.
6. Verifique la caducidad de veinte años, teniendo presente que no corre mientras persistan las condiciones generadoras: acreditar el cese es lo que la pone en marcha.
7. Si hay sanción antigua sin ejecutar, evalúe la pérdida de fuerza ejecutoria del artículo 11.

所引用的法律与判例

• Ley 1333 de 2009, artículo 10 — Caducidad de la acción sancionatoria ambiental a los veinte años, cómputo desde el último día en hechos u omisiones sucesivos, y posibilidad de interponerla en cualquier tiempo mientras persistan las condiciones generadoras; y parágrafo con el techo de cinco años para el procedimiento, la prórroga por otro tanto mediante resolución motivada por complejidad del caso o del acervo probatorio, y los planes de descongestión para procesos de más de quince años, con presentación al consejo directivo, publicación en el sitio web y falta disciplinaria por incumplimiento. Parágrafo adicionado por el artículo 18 de la Ley 2387 de 2024. 来源
• Ley 1333 de 2009, artículos 11, 17, 18A, 26 y 27 — Pérdida de fuerza ejecutoria de las sanciones impuestas y no ejecutadas; término máximo de seis meses de la indagación preliminar; suspensión por corrección o compensación durante la cual no corre la caducidad; práctica de pruebas en treinta días prorrogables por una sola vez hasta sesenta con concepto técnico; y ochenta días para decidir con deber de informar a la Procuraduría General de la Nación si se excede. 来源