Se presume su culpa: por qué en ambiental la carga de la prueba está del lado de la empresa

El parágrafo 1º del artículo 5º de la Ley 1333 de 2009 invierte la regla general del derecho sancionatorio en una sola línea: «En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla». La autoridad no tiene que probar que usted actuó mal; usted tiene que probar que no. La misma presunción figura también en el parágrafo del artículo 1º, que añade que el infractor «podrá utilizar todos los medios probatorios legales». Todo el diseño de la defensa ambiental parte de ahí.

Qué se presume y qué no

La presunción recae sobre la culpabilidad, no sobre los demás elementos. El artículo 5º —modificado por el artículo 6 de la Ley 2387 de 2024— define la infracción ambiental por dos vías, y conviene distinguirlas porque lo que debe probar la autoridad cambia:

En la segunda vía, la propia norma nombra tres elementos. La presunción cubre solo la culpa o el dolo: el daño y el nexo causal siguen requiriendo prueba. Es una distinción decisiva, porque traslada la defensa desde la diligencia —terreno donde la presunción juega en contra— hacia la existencia y la causalidad del daño, donde no juega.

Cómo se desvirtúa la presunción

La ley ofrece tres planos, en orden de contundencia.

1. Los eximentes del artículo 8º

Son dos, y su acreditación cierra el caso:

1. «Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con la definición de los mismos contenida en la Ley 95 de 1890».
2. «El hecho de un tercero, sabotaje o acto terrorista».

La remisión expresa a la Ley 95 de 1890 no es decorativa: fija el estándar con el que se mide la imprevisibilidad y la irresistibilidad del hecho.

2. Las causales de cesación del artículo 9º

Modificado por el artículo 14 de la Ley 2387 de 2024, enumera cuatro. Dos atacan directamente la imputación:

• «Que el hecho investigado no sea constitutivo de infracción ambiental».
• «Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor».
• «Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada».
• Muerte del investigado persona natural, o liquidación definitiva de la persona jurídica.

El artículo 23 precisa cuándo se aplican: procede la cesación «cuando aparezca plenamente demostrada» alguna de esas causales y solo puede declararse antes del auto de formulación de cargos, excepto en el caso de fallecimiento del infractor. El estándar es alto y por eso conviene sustentarlas con documentos, no con alegaciones.

3. Las atenuantes del artículo 6º

No exoneran, pero reducen. Son tres, en el texto modificado por el artículo 13 de la Ley 2387 de 2024:

Las dos primeras tienen la misma ventana y la misma consecuencia práctica: solo sirven si se activan antes de que empiece el procedimiento. Descubrir un incumplimiento y esperar a ver si la autoridad lo detecta expone a que se abra el procedimiento —o a la flagrancia— y a que se cierren ambas puertas.

Los doce agravantes, y por qué importan aquí

El artículo 7º los enumera. Tres se relacionan directamente con la conducta durante el proceso, y son los únicos que dependen enteramente de cómo se maneje el caso:

• Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros (numeral 4). Alegar el hecho de un tercero sin sustento sólido puede leerse por esta vía.
• Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales (numeral 9).
• El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas (numeral 10).

Los demás son objetivos: reincidencia, daño grave, ocultar otra infracción, infringir varias disposiciones con la misma conducta, atentar contra recursos en áreas protegidas o especies amenazadas, actuar en áreas de especial importancia ecológica, obtener provecho económico, gravedad en relación con el valor de la especie afectada, y las infracciones que involucren residuos peligrosos.

Lo que la presunción no alcanza

Aun con la culpa presumida, el acto sancionatorio debe sostener varias cosas que la presunción no suple:

1. El hecho. Que la acción u omisión ocurrió, con prueba.
2. La norma o el acto violado, individualizado. El artículo 24 exige que el pliego lo consigne expresamente.
3. El daño y el nexo causal, cuando la imputación va por la segunda vía del artículo 5º.
4. El riesgo o afectación, que el artículo 24 obliga a indicar en la motivación cuando se invoquen.
5. Los agravantes, que el mismo artículo 24 obliga a «indicar y explicar».
6. La magnitud del daño y la capacidad socioeconómica del infractor, factores que el artículo 40 manda considerar para la sanción.

Cómo se trabaja en la práctica

1. Determine por cuál vía del artículo 5º se imputa: violación de norma o daño. De ello depende qué debe probar la autoridad.
2. Verifique si la obligación incumplida tiene contenido ambiental. Si no lo tiene, el carril es el artículo 90 de la Ley 1437, no este.
3. Busque primero los eximentes del artículo 8º y las causales de cesación del artículo 9º.
4. Ataque el daño y la causalidad, no solo la diligencia: ahí la presunción no opera.
5. Si detecta un incumplimiento antes de que abran proceso, evalúe de inmediato la confesión y la mitigación voluntaria: las atenuantes 1 y 2 se cierran con la apertura, aunque el artículo 11 de la Ley 2387 de 2024 conserva una rebaja del 15% de la multa para la confesión anterior al auto de formulación de cargos.
6. Cumpla las medidas preventivas: su incumplimiento es agravante expreso.
7. Documente cada respuesta a la autoridad, por el agravante de obstaculización.
8. Reúna la prueba técnica desde el día uno: en este régimen, la evidencia es de la empresa.

Normas y jurisprudencia citadas

• Ley 1333 de 2009, artículo 5º — Definición de infracción ambiental por violación de normas o actos administrativos con contenido ambiental y por comisión de daño con los elementos de la responsabilidad civil extracontractual; presunción de culpa o dolo con carga de desvirtuarla a cargo del infractor; responsabilidad frente a terceros; y delimitación de los actos sin contenido ambiental, remitidos al artículo 90 de la Ley 1437 de 2011. Texto modificado por el artículo 6 de la Ley 2387 de 2024. Fuente
• Ley 1333 de 2009, artículos 6º, 7º, 8º, 9º y 23 — Las tres causales de atenuación, con su ventana temporal previa al inicio del procedimiento —artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 2387 de 2024—; los doce agravantes con la consulta obligatoria del RUIA y el parágrafo sobre reincidencia en estructuras societarias adicionado por el artículo 12 de la Ley 2387 de 2024; los dos eximentes de responsabilidad; las cuatro causales de cesación —artículo modificado por el artículo 14 de la Ley 2387 de 2024—; y la exigencia de que aparezcan plenamente demostradas. Fuente
• Ley 1333 de 2009, artículos 24 y 40 — Contenido del pliego de cargos con individualización de normas violadas, indicación del riesgo o afectación y explicación de los agravantes; y factores que la autoridad debe considerar al imponer la sanción. Fuente