Delito sexual: qué tiene que probar la Fiscalía para condenar (y qué no le corresponde probar a usted)

Quien acaba de ser imputado por un delito sexual suele llegar a internet con una pregunta mal formulada: cómo demuestro que soy inocente. La ley reparte la carga al revés. Aquí explicamos quién debe probar, qué exactamente y con qué intensidad en cada etapa.

Quién tiene que probar: la ley prohíbe invertir la carga

El artículo 7 de la Ley 906 de 2004 contiene tres reglas. Toda persona se presume inocente mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal. La carga de la prueba corresponde al órgano de persecución penal —la Fiscalía— y la duda se resuelve a favor del procesado. Y la tercera, la que corrige la premisa: en ningún caso puede invertirse esa carga. Usted no está obligado a demostrar que el hecho no ocurrió; el punto de partida legal ya es la inocencia, garantía que el artículo 29 de la Constitución también consagra.

Eso no vuelve pasiva a la defensa: el Código entrega instrumentos para controvertir el caso de la Fiscalía, y todos se pierden si no se usan a tiempo. Conviene empezar por la guía para personas investigadas o acusadas por un delito sexual.

Qué tiene que probar exactamente: elemento por elemento

El artículo 381 exige conocimiento acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, y el artículo 9 del Código Penal precisa qué significa: la conducta debe ser típica, antijurídica y culpable. Son cuatro bloques distintos.

1. Que el hecho existió: no la posibilidad de que ocurriera, sino el hecho concreto que se atribuye.
2. Que encaja en todos los elementos del tipo invocado, no en «un delito sexual» en abstracto: el artículo 10 exige que la ley defina de manera inequívoca las características del tipo, y el artículo 11, que la conducta lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídico tutelado. Explicamos aparte qué exige cada tipo penal del Título IV del Código Penal.
3. Que fue esta persona y no otra: identidad y forma de intervención.
4. Que actuó con dolo. El artículo 12 es terminante: queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva.

Si uno solo de esos bloques queda en duda no hay condena, aunque el resto esté acreditado.

Dos precisiones del artículo 9 que suelen perderse. La primera está en su propio texto: la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Acreditar que dos personas estuvieron en el mismo lugar, o que existió entre ellas una relación, no cierra ninguno de los cuatro bloques; es apenas el punto de partida de la discusión. La segunda es de contraste: solo tratándose de un inimputable el Código se conforma con la tipicidad, la antijuridicidad y la inexistencia de causales de ausencia de responsabilidad. Para todos los demás, la culpabilidad hay que probarla como cualquier otro elemento, y el artículo 12 impide darla por supuesta a partir del resultado.

El estándar sube en cada etapa

Quien acaba de ser imputado suele aplicarse el estándar del final. El Código no exige lo mismo en todas.

Las dos primeras casillas suelen ocurrir en la misma audiencia, y eso confunde. Esa simultaneidad es práctica forense, no un mandato del artículo 287: hecha la imputación fáctica, ese artículo se limita a habilitar al fiscal para solicitar la medida de aseguramiento ante el juez de control de garantías «de ser procedente, en los términos de este código», remisión que apunta a los requisitos del artículo 308. Que vayan juntas no significa que compartan exigencia. La inferencia razonable sostiene la imputación; la medida necesita además que concurra uno de los tres riesgos del artículo 308, y ese es un debate distinto, con prueba distinta.

El artículo 308 tiene además un parágrafo que no venía en el texto de 2004: lo adicionó el artículo 2 de la Ley 1760 de 2015 y dispone que la calificación jurídica provisional no es por sí sola determinante de esos riesgos. El parágrafo no se detiene en la prohibición: le impone al juez valorar suficientemente si esos requisitos se configurarán en el caso concreto, sin atender exclusivamente a la conducta punible investigada. Es la diferencia entre una decisión motivada sobre el riesgo y una que se apoya en el nombre del delito. Lo desarrollamos al explicar cuándo procede la detención mientras se investiga.

Una imputación no es una condena anticipada, y lo que sostiene una medida de aseguramiento puede no sostener una sentencia: son escalones separados por dos peldaños de exigencia. Aquí explicamos qué ocurre en la audiencia de imputación.

Qué significa «más allá de toda duda» y qué no significa

El artículo 381 dice, literalmente, «conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado». El adjetivo razonable no está allí: está en el artículo 372, que fija los fines de la prueba —llevar al juez, más allá de duda razonable, los hechos y la responsabilidad penal del acusado—. La fórmula corriente «más allá de toda duda razonable» es la lectura consolidada de esas dos normas, no una cita del artículo 381.

Qué no significa: no es certeza matemática ni obliga a descartar toda hipótesis imaginable, y tampoco se satisface porque la versión de la Fiscalía suene coherente. La duda que absuelve es la que surge de la prueba practicada, no la que se construye en el alegato; si persiste, el artículo 7 ordena resolverla a favor del procesado.

Solo cuenta la prueba del juicio

El artículo 381 exige que el conocimiento se funde en las pruebas debatidas en el juicio, y los artículos 16 y 379 recogen la inmediación: solo es prueba la producida de forma pública, oral, concentrada y sujeta a contradicción ante el juez de conocimiento. Una entrevista, un informe o la denuncia misma no son, por sí solos, prueba.

El artículo 16 cierra dos puertas más que conviene conocer. En ningún caso puede comisionarse para la práctica de pruebas: no hay manera de delegar un testimonio en otro despacho ni de recibirlo por fuera de la audiencia. Y solo de forma excepcional, en los casos que el propio Código prevé, se tiene como prueba la producida o incorporada de manera anticipada ante el juez de control de garantías. El artículo 15, por su parte, no se agota en el deber de la Fiscalía: reconoce a las partes el derecho a conocer y controvertir las pruebas y a intervenir en su formación, que es lo que convierte el contrainterrogatorio en un derecho y no en una cortesía del juzgado. Sobre ese mismo artículo descansa el deber que más se olvida: formulada la acusación, la Fiscalía debe suministrar, por conducto del juez de conocimiento, todos los elementos probatorios e informes de que tenga noticia, incluidos los favorables al procesado.

El inciso segundo del artículo 381 fija otro límite: la condena no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia, que el artículo 437 define como las declaraciones rendidas fuera del juicio oral cuando no es posible practicarlas allí. Su admisión es excepcional y tasada en el artículo 438, y «tasada» significa que la lista es cerrada: que el declarante haya manifestado bajo juramento haber perdido la memoria sobre los hechos, siempre que ello se corrobore pericialmente; que sea víctima de secuestro, desaparición forzada o evento similar; que padezca una grave enfermedad que le impida declarar; que haya fallecido; o el literal e). El artículo acepta además las declaraciones registradas en escritos de pasada memoria o archivos históricos.

Y aquí el matiz que evita un falso alivio: ese literal e), adicionado por el artículo 3 de la Ley 1652 de 2013, admite la declaración de quien es menor de dieciocho años y víctima de los delitos del Título IV del Código Penal o de los artículos 138, 139, 141, 188A, 188C y 188D. Allí la discusión no es de admisibilidad sino de suficiencia, y el inciso segundo del artículo 381 sigue rigiendo: esa declaración, sola, no sostiene una condena. Queda además un punto de contradicción que suele pasarse por alto: en la entrevista forense regulada por el artículo 206A —incorporado por el artículo 2 de la Ley 1652 de 2013— quien la practica rinde un informe y puede ser citado a testimonio. Cómo se valora cada medio lo trata la pieza sobre qué pesa y qué no pesa como prueba en un delito sexual.

Por qué «no hay pruebas» no es una defensa

El artículo 373 consagra la libertad probatoria: los hechos se prueban por cualquiera de los medios del Código o por cualquier otro medio técnico o científico que no viole los derechos humanos. No hay prueba tasada ni obligatoria para estos delitos, y el artículo 380 ordena apreciarlo en conjunto —no solo los medios de prueba, sino también los elementos materiales probatorios y la evidencia física—, remitiendo los criterios de cada uno al capítulo respectivo.

De ahí se sigue lo que muchos no quieren oír: el testimonio de quien denuncia es un medio de prueba, no un simple «dicho». Se aprecia con los criterios que enumera el artículo 404 —los principios técnico-científicos sobre la percepción y la memoria, la naturaleza del objeto percibido, el estado de sanidad del sentido por el cual se percibió, las circunstancias de lugar, tiempo y modo, los procesos de rememoración, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, la forma de sus respuestas y su personalidad— y, para la Corte Suprema, es preponderante y puede llegar a ser suficiente por sí solo, siempre que resista el riguroso escrutinio de las reglas de la sana crítica.

Por eso la defensa que se limita a repetir que no hay pruebas desperdicia su turno. El trabajo consiste en mostrar dónde el conjunto no alcanza el estándar del artículo 381: qué elemento quedó sin acreditar, qué hipótesis alternativa quedó viva. Ahí entra también qué puede y qué no puede decir un peritaje forense.

Lo que la Fiscalía no tiene que probar, y lo que la defensa no puede alegar

Lo que no integra su carga. No tiene que probar que la víctima se resistió, ni que pidió auxilio, ni que denunció de inmediato, ni exhibir lesiones físicas: la resistencia no es elemento de los tipos del Título IV. El artículo 212A del Código Penal —incorporado por el artículo 11 de la Ley 1719 de 2014 y vigente sin modificaciones— entiende por violencia, además de la fuerza, la amenaza de su uso, la coacción física o psicológica, la intimidación, la detención ilegal, la opresión psicológica, el abuso de poder y la utilización de entornos de coacción o circunstancias similares que impidan a la víctima dar su libre consentimiento. Ninguna de esas modalidades deja necesariamente marca corporal, y varias no requieren siquiera contacto. Sobre ese eje tratamos cuándo entiende la ley que no hubo consentimiento.

Lo que la defensa no puede sostener como tesis. El artículo 18 de la Ley 1719 de 2014 fija tres puntos sobre el tratamiento de la prueba: el consentimiento no se infiere de palabra, gesto o conducta que no haya sido voluntaria y libre; tampoco se infiere del silencio ni de la falta de resistencia; y el juez no admitirá pruebas que propicien discriminaciones religiosas, étnicas, ideológicas o políticas. El artículo 19 recoge ocho puntos más sobre la conducción de la investigación y la apreciación de la prueba, y cuatro cierran de antemano argumentos que todavía se intentan: no puede condicionarse la ocurrencia del hecho a la existencia de prueba física; la ausencia de espermatozoides, fluidos, ADN o lesiones no basta para concluir que el hecho no ocurrió; el uso de preservativo por el agresor no permite inferir consentimiento; y que el himen esté entero tampoco basta para concluir que no ocurrió. El mismo artículo orienta a atender el contexto y los patrones de la conducta, incluso con peritajes psicológicos o antropológicos.

Dos precisiones sobre esos dos artículos, porque suelen citarse mal. La primera, de fuerza: ambos son recomendaciones que los funcionarios podrán observar, no prohibiciones absolutas. Del artículo 18, sin embargo, la Corte Suprema sí ha hecho criterio de decisión —en CSJ SP245-2023, rad. 56027, para descartar que el consentimiento se infiera del silencio o de la falta de resistencia, y con alcance de aplicación general a los delitos sexuales ejecutados con violencia—, de modo que construir la defensa contra él es apostar contra el criterio del juez que va a decidir. La segunda, de fuente y de ámbito: ninguno de los dos contiene la regla que ordena no admitir pruebas sobre el comportamiento sexual anterior de la víctima. Esa regla proviene del numeral 5 del artículo 38 de la Ley 1448 de 2011 y allí sí es imperativa —el juez «no admitirá»—, pero rige en el ámbito propio de esa ley: su artículo 1 la circunscribe a las víctimas del artículo 3, es decir, a los hechos ocurridos con ocasión del conflicto armado, dentro de un marco de justicia transicional. Fuera de ese marco no puede invocarse como norma general del proceso penal.

El equilibrio. Sí es legítimo discutir la credibilidad del testimonio, pero por los motivos tasados del artículo 403, que son seis y solo seis: la naturaleza inverosímil o increíble del testimonio; la capacidad del testigo para percibir, recordar o comunicar; el prejuicio, el interés u otro motivo de parcialidad; las manifestaciones anteriores del testigo, incluidas las hechas a terceros, en entrevistas, exposiciones, declaraciones juradas o interrogatorios ante el juez de control de garantías; el carácter o patrón de conducta en cuanto a la mendacidad; y las contradicciones en el contenido de la declaración. El mismo artículo delimita para qué sirve la herramienta: su única finalidad es cuestionar ante el juez la credibilidad del testimonio. No es una licencia para examinar la vida de la persona, y el juez distingue lo uno de lo otro. Y sostener que la denuncia es falsa es una afirmación que hay que probar, no una posición por defecto.

Dónde se controvierte legítimamente el caso de la Fiscalía

Descubrimiento. El descubrimiento de la prueba se cumple dentro de la audiencia de formulación de acusación. Allí el artículo 344 permite pedir al juez de conocimiento que ordene a la Fiscalía descubrir un elemento material probatorio específico del que se tenga noticia, y el juez, si lo encuentra pertinente, ordenará descubrirlo, exhibirlo o entregar copia dentro de un plazo máximo de tres días. La palanca es recíproca: el mismo artículo faculta a la Fiscalía para pedir lo propio a la defensa, de modo que quien la usa queda expuesto a ella. Y si en pleno juicio aparece un elemento muy significativo, es el juez quien decide si lo admite de forma excepcional o lo excluye.

El artículo 346 le da filo a lo anterior: los elementos probatorios y la evidencia física que, debiendo descubrirse, no se descubrieron —haya mediado orden del juez o no— no pueden aducirse al proceso, ni convertirse en prueba, ni practicarse en el juicio, y el juez está obligado a rechazarlos. La excepción está en el mismo artículo y conviene conocerla antes de confiar en la regla: opera salvo que se acredite que la omisión obedeció a causas no imputables a la parte afectada.

Exclusión. El artículo 23 declara nula de pleno derecho toda prueba obtenida con violación de garantías fundamentales y ordena excluirla de la actuación procesal. El mismo tratamiento reciben dos categorías derivadas: las pruebas que sean consecuencia de las excluidas y las que solo puedan explicarse en razón de la existencia de aquellas.

Credibilidad. La impugnación del artículo 403 y la apreciación del artículo 404, ya vistas.

Congruencia. El artículo 448 impide declarar culpable al acusado por hechos que no consten en la acusación o por delitos por los cuales no se pidió condena: ata a la Fiscalía a su teoría del caso. Es una sola frase, sin excepciones ni salvedades, y define el perímetro de lo que hay que defender.

Preclusión. El artículo 332 enumera siete causales: la imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal, entre otras razones por configurarse una causal de extinción; la existencia de una causal que excluya la responsabilidad conforme al Código Penal; la inexistencia del hecho investigado; su atipicidad; la ausencia de intervención del imputado; la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia —el numeral 6, el que suele interesar aquí—; y el vencimiento del término máximo del inciso segundo del artículo 294. El artículo 10 de la Ley 2477 de 2025 reformó el numeral 1 y el parágrafo: durante el juzgamiento, y de sobrevenir las causales 1 o 3, ya no la solicita solo el fiscal —también pueden pedirla el Ministerio Público, el procesado o su defensor—. Dos límites que la reforma no borró: la legitimación ampliada rige únicamente para esas dos causales, y solo si sobrevienen en esa etapa.

Sobre el desenlace circula un dato desactualizado que vale la pena corregir. El artículo 449 ordena que, absuelto el acusado de la totalidad de los cargos, el juez disponga su libertad inmediata si estaba privado de ella, levante todas las medidas cautelares y libre sin dilación las órdenes correspondientes. Su segundo inciso —justamente el que difería esa libertad tratándose de delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializados— fue declarado inexequible y no forma parte del texto vigente. Hoy la libertad del absuelto es inmediata sin distinción por el tipo de delito.

Todas tienen momento procesal, y ejercerlas corresponde a la defensa técnica. Aquí explicamos quién puede ejercer su defensa técnica y qué cambia entre el defensor público y el de confianza.

Lo que hunde una defensa: conductas que además son delito

Son las decisiones que convierten un caso discutible en un caso perdido. Cada una es, además, un delito autónomo.

Ocultar, alterar o destruir elemento material probatorio. El artículo 454-B del Código Penal lo castiga con prisión de cuatro a doce años y multa de doscientos a cinco mil salarios mínimos. Lo creó el artículo 13 de la Ley 890 de 2004 y sus cifras son definitivas: no se les suma el aumento general del artículo 14 de esa misma ley. Ese material, además, rara vez desaparece: suele existir en el otro extremo de la conversación o en los respaldos del proveedor.

Buscar a quien denunció, directamente o a través de terceros. Puede constituir amenazas a testigo (artículo 454-A: cuatro a ocho años de prisión y multa de cincuenta a dos mil salarios mínimos, o de cinco a doce años y multa de cien a cuatro mil si el testigo ya está judicialmente admitido para comparecer en juicio; cifras igualmente definitivas) y violar una medida de protección vigente. Conviene conocer la amplitud del tipo, porque casi siempre se subestima: cubre la amenaza de violencia física o moral dirigida no solo al testigo, sino a su cónyuge, a su compañero o compañera permanente o a un pariente dentro del cuarto grado, y las mismas penas se aplican cuando la conducta recae sobre peritos y expertos. Ante el juez se lee como obstrucción de la justicia, uno de los tres fundamentos del artículo 308 para la medida de aseguramiento.

Ofrecer dinero o utilidad a un testigo. Es soborno (artículo 444): prisión de seis a doce años y multa de cien a mil salarios mínimos, según el artículo 31 de la Ley 1474 de 2011; el rango de uno a cinco años que aún circula en fichas secundarias ya no rige. Y quien falta a la verdad bajo juramento comete falso testimonio (artículo 442), hoy de seis a doce años por el artículo 8 de la Ley 890 de 2004, no los cuatro a ocho del texto original.

Inducir en error con documentos o versiones concertadas. Puede constituir fraude procesal (artículo 453): prisión de seis a doce años, multa de doscientos a mil salarios mínimos e inhabilitación de cinco a ocho años, según el artículo 11 de la Ley 890 de 2004; también aquí el rango anterior de cuatro a ocho años quedó desplazado.

Impedir o perturbar una audiencia pública. También tiene tipo propio: el artículo 454-C, con prisión de tres a seis años y multa de cien a dos mil salarios mínimos. Nació de la misma norma que los dos anteriores —el artículo 13 de la Ley 890 de 2004, que creó el capítulo entero— y sus cifras son igualmente definitivas.

Cada una le entrega a la Fiscalía la prueba de comportamiento que antes no tenía. Hemos reunido los errores que destruyen una defensa por delito sexual en otra pieza.

所引用的法律与判例

• Ley 906 de 2004, art. 7 — PRESUNCIÓN DE INOCENCIA E IN DUBIO PRO REO. 来源
• Ley 906 de 2004, art. 381 — CONOCIMIENTO PARA CONDENAR. 来源
• Ley 906 de 2004, art. 373 — LIBERTAD (libertad probatoria). 来源
• Ley 906 de 2004, art. 404 — APRECIACIÓN DEL TESTIMONIO. 来源
• Ley 906 de 2004, art. 206A — ENTREVISTA FORENSE A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD, INTEGRIDAD Y FORMACIÓN SEXUALES. Adicionado por el artículo 2 de la Ley 1652 de 2013: quien practica la entrevista rinde informe y puede ser citado a testimonio. 来源
• Ley 906 de 2004, art. 437 — NOCIÓN (prueba de referencia). 来源
• Ley 906 de 2004, art. 380 — CRITERIOS DE VALORACIÓN. 来源
• Ley 906 de 2004, art. 23 — CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN. 来源
• Ley 906 de 2004, art. 438 — ADMISIÓN EXCEPCIONAL DE LA PRUEBA DE REFERENCIA. El literal e) del artículo 438 fue adicionado por el artículo 3 de la Ley 1652 de 2013: admite la prueba de referencia cuando el declarante es menor de dieciocho años y víctima de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales. 来源
• Ley 906 de 2004, art. 332 — CAUSALES (preclusión). El artículo 332 fue reformado por el artículo 10 de la Ley 2477 de 2025 en su numeral 1 y en su parágrafo. 来源
• Ley 906 de 2004, art. 308 — REQUISITOS. El parágrafo que impide fundar la medida de aseguramiento solo en la calificación jurídica provisional fue introducido por la Ley 1760 de 2015; no figuraba en el texto original de 2004. 来源
• Ley 906 de 2004, art. 346 — SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE DESCUBRIMIENTO. 来源
• Ley 906 de 2004, art. 3 — PRELACIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES. 来源
• Ley 906 de 2004, art. 344 — INICIO DEL DESCUBRIMIENTO. 来源
• Ley 906 de 2004, art. 448 — CONGRUENCIA. 来源
• Ley 906 de 2004, art. 287 — SITUACIONES QUE DETERMINAN LA FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN. 来源
• Ley 906 de 2004, art. 403 — IMPUGNACIÓN DE LA CREDIBILIDAD DEL TESTIGO. 来源
• Ley 906 de 2004, art. 372 — FINES. 来源
• Ley 906 de 2004, art. 336 — PRESENTACIÓN DE LA ACUSACIÓN. 来源
• Ley 906 de 2004, art. 16 — INMEDIACIÓN. Conserva el texto original de la Ley 906 de 2004, sin reforma legislativa posterior. 来源
• Ley 906 de 2004, art. 379 — INMEDIACIÓN. 来源
• Ley 906 de 2004, art. 15 — CONTRADICCIÓN. 来源
• Ley 906 de 2004, art. 449 — LIBERTAD INMEDIATA. El artículo conserva solo su primer inciso: el segundo fue declarado inexequible y ya no rige. 来源
• Ley 599 de 2000, art. 212A — VIOLENCIA. Esta definición fue incorporada al Código Penal por el artículo 11 de la Ley 1719 de 2014 y rige desde entonces sin modificaciones. 来源
• Ley 599 de 2000, art. 454B — OCULTAMIENTO, ALTERACIÓN O DESTRUCCIÓN DE ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO. Este artículo fue creado por el artículo 13 de la Ley 890 de 2004 y sus cifras son las definitivas: no se le aplica el aumento general del artículo 14 de esa misma ley, que solo rige para los tipos que traen esa nota expresa. 来源
• Ley 599 de 2000, art. 454A — AMENAZAS A TESTIGO. Este artículo fue creado por el artículo 13 de la Ley 890 de 2004 y sus cifras son las definitivas: no se le aplica el aumento general del artículo 14 de esa misma ley. 来源
• Ley 599 de 2000, art. 454C — IMPEDIMENTO O PERTURBACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS PÚBLICAS. Como los artículos 454A y 454B, fue adicionado al Código Penal por el artículo 13 de la Ley 890 de 2004; sus cifras son las definitivas y no se les suma el aumento general del artículo 14 de esa misma ley. 来源
• Ley 599 de 2000, art. 444 — SOBORNO. La pena vigente del soborno de testigo es prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de cien (100) a mil (1.000) salarios mínimos, conforme al texto que fijó el artículo 31 de la Ley 1474 de 2011; el rango de uno (1) a cinco (5) años ya no rige. 来源
• Ley 599 de 2000, art. 11 — ANTIJURIDICIDAD. 来源
• Ley 599 de 2000, art. 442 — FALSO TESTIMONIO. La pena vigente del falso testimonio es prisión de seis (6) a doce (12) años, conforme al texto que fijó el artículo 8 de la Ley 890 de 2004; el rango de cuatro (4) a ocho (8) años corresponde a la redacción original de 2000 y ya no rige. 来源
• Ley 599 de 2000, art. 453 — FRAUDE PROCESAL. La pena vigente del fraude procesal es prisión de seis (6) a doce (12) años, más multa de 200 a 1.000 salarios mínimos e inhabilitación de cinco (5) a ocho (8) años, conforme al texto que fijó el artículo 11 de la Ley 890 de 2004. 来源
• Ley 599 de 2000, art. 9 — CONDUCTA PUNIBLE. 来源
• Ley 599 de 2000, art. 10 — TIPICIDAD. 来源
• Ley 599 de 2000, art. 12 — CULPABILIDAD. 来源
• Ley 1719 de 2014, art. 18 — RECOMENDACIONES PARA LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES EN EL TRATAMIENTO DE LA PRUEBA. 来源
• Ley 1719 de 2014, art. 19 — RECOMENDACIONES PARA LA CONDUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL. 来源
• CSJ SP245-2023, rad. 56027, M.P. Fabio Ospitia Garzón — Casación contra la condena por acceso carnal violento agravado y violencia intrafamiliar agravada: la Corte no casó y confirmó. 来源
• CSJ SP3993-2022, rad. 58187, M.P. Diego Eugenio Corredor Beltrán — Impugnación especial contra la condena por feminicidio y acceso carnal violento en concurso homogéneo: la Sala reiteró que rige la libertad probatoria del artículo 373 y que el testimonio de la víctima es preponderante y puede llegar a ser suficiente. 来源