¿Cuánto dura un proceso administrativo sancionatorio en Colombia?

La respuesta corta es que el CPACA no fija una duración total del proceso: fija el término de cada etapa. Sumados, los plazos legales de un procedimiento sancionatorio ordinario dan 85 días hábiles desde la formulación de cargos hasta la decisión. En la práctica dura bastante más, y aquí explicamos por qué y qué se puede hacer con esa diferencia.

Los plazos que sí están en la ley

Sumando los términos de descargos, pruebas, alegatos y decisión, el trámite desde la formulación de cargos hasta el acto que resuelve son 85 días en el escenario ordinario, o 115 si el período probatorio se extiende a sesenta.

Por qué en la práctica dura más

La etapa que no tiene reloj

La primera razón está en el punto de partida. El artículo 47 permite que la actuación se inicie de oficio o por solicitud de cualquier persona, y prevé que la autoridad adelante averiguaciones preliminares antes de formular cargos. Para esa fase el CPACA no fija término alguno.

Es decir: entre el hecho y la formulación de cargos puede transcurrir un tiempo indeterminado, y ese tiempo no está sujeto a los plazos de la tabla anterior. Lo que sí corre durante ese período es la caducidad de la facultad sancionatoria.

Los recursos

La segunda razón es que el proceso no termina con la decisión. Contra el acto sancionatorio proceden recursos, y su trámite añade hasta un año más, que es el plazo máximo del artículo 52 para resolverlos.

Y una tercera, menos visible

Un requerimiento de información mal atendido abre una actuación paralela por renuencia (artículo 51), con su propio traslado de diez días y su propia resolución dentro de los dos meses siguientes. Esa actuación no suspende ni interrumpe el procedimiento principal, pero consume atención y puede terminar en una multa autónoma de hasta cien salarios mínimos.

El límite absoluto: tres años

Aunque el CPACA no fije una duración total, sí fija un tope. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad de sancionar caduca a los tres años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión, y dentro de ese término el acto que impone la sanción debe estar expedido y notificado (artículo 52 del CPACA). Si la conducta fue continuada, el plazo cuenta desde el día siguiente a aquel en que cesó.

Ese es, en la práctica, el verdadero límite temporal del proceso. Y la exigencia de notificar dentro del término no es un detalle formal.

Si lo investiga una contraloría, los plazos son otros

La Ley 2080 de 2021 creó un procedimiento administrativo sancionatorio fiscal con términos propios, sensiblemente más cortos:

Además, el artículo 49A —adicionado por la misma ley— regula los recursos en ese régimen: reposición, apelación y queja, con cinco días para interponer y sustentar, apelación en efecto suspensivo y decisión en tres meses. Si esa apelación no se decide en ese término, se entiende fallada a favor del recurrente.

Qué se puede hacer con el tiempo

• Documentar las fechas desde el primer día. Fecha del hecho, fecha de notificación de cada acto, fecha de interposición de cada recurso. Son las que sostienen cualquier argumento de caducidad.
• No confundir demora con caducidad. Que el proceso vaya lento no lo invalida; lo que lo invalida es que venza uno de los plazos del artículo 52.
• Usar el período probatorio. Es la etapa en que se practican las pruebas pedidas en los descargos; aunque el artículo 40 permite aportar y pedir pruebas hasta antes de la decisión de fondo, no conviene dejarlas para después.
• Atender los requerimientos de información dentro del plazo, aunque el fondo esté en discusión, para no abrir la actuación paralela por renuencia.

Normas y jurisprudencia citadas

• Ley 1437 de 2011 (CPACA), artículos 47, 48, 49, 51 y 52 — Términos de descargos, período probatorio, alegatos y decisión; actuación por renuencia a suministrar información; y los tres plazos de caducidad y prescripción. Fuente
• Ley 2080 de 2021, artículos 3 a 7 — Términos del procedimiento administrativo sancionatorio fiscal y régimen de recursos del artículo 49A. Fuente
• Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 26 de mayo de 2022, rad. 68001-23-33-000-2016-01355-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez — Confirmó la anulación de una multa porque la decisión del recurso, aunque expedida dentro del año, se notificó fuera de él. Fuente