Mitos sobre los delitos sexuales en Colombia: diez creencias frecuentes frente a la ley vigente

Por qué circulan tantas creencias falsas sobre los delitos sexuales

Casi nadie llega a este tema con la cabeza en blanco: antes de leer una norma, la mayoría ya tiene una idea formada sobre qué ocurre, qué se puede negociar y qué castigo espera al final. Buena parte de esas ideas no corresponde a la ley vigente, y no por descuido de quien las repite: circulan por tres vías distintas, y distinguirlas sirve más que memorizar diez respuestas.

La primera son las reformas que se anunciaron y después salieron del ordenamiento: el titular de la aprobación circula durante semanas, el de la caída casi nunca. La segunda son los proyectos de ley comentados como si ya fueran ley, cuando en Colombia las penas son taxativas y solo existen las que el Código Penal enumera. La tercera —la más costosa en la práctica— es el traslado de reglas de otras áreas del derecho: lo que funciona en un asunto de familia, laboral o civil no funciona igual en el proceso penal.

El método es simple: cada creencia se contrasta con la norma vigente, con la ley que la fijó y con la fecha desde la que rige; cuando el punto depende de un fallo, se dice qué corporación lo decidió. Conviene tener presente lo que el Código Penal agrupa realmente bajo el nombre de delitos sexuales, porque no se trata de un solo delito. Aquí se describe la ley; no se evalúa un caso concreto.

Mito 1: «En Colombia hay cadena perpetua para los agresores sexuales»

Es la creencia más extendida y tiene una explicación razonable. En 2020 el Congreso aprobó el Acto Legislativo 01 de 2020, que suprimía la prohibición de la prisión perpetua e introducía la prisión perpetua revisable cuando un niño, una niña o un adolescente fuera víctima de homicidio doloso, de acceso carnal con violencia o de acceso carnal sobre persona puesta en incapacidad de resistir o incapaz de resistir; se promulgó en el Diario Oficial 51.383 del 22 de julio de 2020. Fue demandado, y la Corte Constitucional lo declaró inexequible en su totalidad el 2 de septiembre de 2021. Esa segunda noticia circuló mucho menos.

La formulación importa: no es que la reforma «nunca hubiera entrado en vigencia»; entró y fue expulsada del ordenamiento. Hoy no existe prisión perpetua en Colombia para ningún delito, incluidos los sexuales contra menores de edad, y sigue rigiendo la prohibición del artículo 34 de la Constitución. ¿Cómo puede una corte revisar una reforma a la propia Constitución? Porque el control no recayó sobre la conveniencia política de la reforma, sino sobre la competencia de quien la adoptó: el Congreso puede reformar la Carta, no sustituirla. Dentro de ese juicio la Corte sí valoró la aptitud de la medida, y concluyó que no era idónea.

Un detalle desconcierta a quien va al texto legal: el artículo 35 del Código Penal, en la redacción que le dio la Ley 2098 de 2021, todavía enumera «la prisión perpetua revisable» entre las penas principales, y el consolidado la marca como aparte inexequible. Ese recorte, además, viaja mal: en el texto consolidado la expresión aparece tachada, pero las copias en texto plano —las que devuelve un buscador, las que se pegan en un documento y se reenvían— pierden el tachado y muestran la frase como si estuviera plenamente vigente. Un mismo artículo leído en dos sitios distintos parece decir cosas distintas, y el sitio que se equivoca es casi siempre el que perdió el formato. Una norma puede seguir publicada y estar recortada por un fallo. El tope real de la pena de prisión es otra pregunta, resuelta en la tabla de penas con la ley que fijó cada una.

Mito 2: «A los condenados por delitos sexuales se les aplica castración química»

Esta creencia no se corrige con una opinión, sino con el principio de taxatividad de la pena. Las que un juez puede imponer son únicamente las que el Código Penal enumera: el artículo 34 las clasifica en principales, sustitutivas y accesorias privativas de otros derechos, y el artículo 35 enumera las principales —prisión, multa y las demás privativas de otros derechos previstas en la parte especial—. La castración, química o quirúrgica, forzosa o consentida, no figura allí. No es que sea difícil de imponer: no existe como pena, y nadie puede ser sancionado sino conforme a leyes preexistentes.

Hay además un marco constitucional que explica por qué la discusión no es solo de conveniencia: la Constitución prohíbe la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y ese es el estándar que un juez tendría que aplicar a cualquier intervención corporal impuesta como sanción.

¿De dónde nace la creencia? De la distancia entre lo que se anuncia y lo que se aprueba. Un proyecto de ley se radica, se debate y con frecuencia se archiva; solo si se aprueba, se sanciona y se publica se convierte en ley. La cobertura de una propuesta se parece mucho a la de una norma. Hoy la respuesta penal a un delito sexual es prisión, multa cuando el tipo la contempla e inhabilidades; esa escala, con la ley que fijó cada cifra, se detalla en la pieza sobre penas de este cluster.

Mito 3: «Esto se arregla conciliando entre las partes»

Es comprensible que circule: en asuntos de familia, laborales y civiles la conciliación es un camino ordinario y a veces un requisito para demandar, y mucha gente traslada esa experiencia al proceso penal. La corrección tiene tres pasos.

Primero, la acción penal es pública. El artículo 250 de la Constitución le atribuye a la Fiscalía su ejercicio, y el artículo 66 de la Ley 906 de 2004 —vigente en el texto del artículo 1 de la Ley 1826 de 2017— la obliga a ejercerla y le prohíbe suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal, salvo el principio de oportunidad bajo control judicial. Quien decide si se investiga no es la persona que denunció. Ese mismo artículo, en la redacción de 2017, incorporó además la conversión de la acción penal pública en privada, figura en la que la investigación y la acusación pasan a un acusador privado; conviene deslindarla, porque su nombre confunde: cambia quién ejerce la acción, no la vuelve disponible para las partes, y opera únicamente donde la ley la autoriza.

Segundo, la conciliación penal no es general: el artículo 522 del Código de Procedimiento Penal la establece como requisito de procedibilidad solo en los delitos querellables, y el desistimiento del artículo 76 —hoy en la redacción de la Ley 1826 de 2017— opera igualmente sobre la querella.

Tercero, esa lista es cerrada. El listado que rige es el del artículo 22 de la Ley 2197 de 2022, corregido por el Decreto 207 de 2022; las versiones anteriores ya no rigen. Ninguno de los delitos sexuales de los que trata esta pieza —los artículos 205 a 219A del Código Penal— figura en él, y su parágrafo primero añade que tampoco se requiere querella en flagrancia, cuando el sujeto pasivo es menor de edad o inimputable, ni en conductas de violencia contra la mujer.

Vale la pena mirar ese listado por dentro, porque la exclusión ocurre dos veces y no por descuido. Tiene dos bloques: el primero recoge las conductas que no tienen pena privativa de la libertad, con nueve excepciones expresas; el segundo enumera artículos concretos del Código Penal, identificados uno por uno. En el primero no cabe ninguno de los delitos de los que trata esta pieza, porque todos tienen pena de prisión —la única conducta del Título IV que carece de ella es la omisión de denuncia del artículo 219B, ajena a lo que aquí se discute—; en el segundo no aparece ninguno de los artículos del Título IV. La querella es la excepción y su lista es taxativa: no hay aquí un vacío que un fiscal o un juez pueda llenar por analogía, ni un trámite que se pueda pedir «de todos modos».

De ahí se sigue algo que conviene decir sin rodeos: un acuerdo económico entre las partes no extingue la acción penal, aunque pueda tener efectos en la reparación. La audiencia de conciliación que sí existe en otros asuntos pertenece a la esfera civil y de familia; en materia penal solo opera para ese grupo cerrado, en el que estos delitos no están. Si los términos se le mezclan, aquí están qué significan querella, desistimiento y preacuerdo.

Mito 4: «Si la víctima retira la denuncia, el proceso se acaba»

El mito anterior habla de un acuerdo; este, de una retractación, y el efecto jurídico es distinto.

La regla primero. Como estos delitos no son querellables, el desistimiento no tiene dónde operar: la manifestación posterior de quien denunció no extingue la acción penal ni obliga a la Fiscalía a archivar, y si hay elementos la actuación continúa. Es la consecuencia de que la acción penal sea pública y de ejercicio obligatorio.

Conviene ver con precisión qué es lo que no aplica, porque la imagen mental de «retirar la denuncia» viene de un mecanismo que sí existe. En los delitos que sí son querellables, el artículo 76 del Código de Procedimiento Penal —en el texto que le dio el artículo 6 de la Ley 1826 de 2017— permite al querellante manifestar, verbalmente o por escrito, su deseo de desistir en cualquier momento anterior al inicio de la audiencia de juicio oral. Si todavía no hay escrito de acusación, la Fiscalía comprueba que la solicitud sea voluntaria, libre e informada antes de aceptarla y archivar; si ya lo hay, decide el juez de conocimiento, tras oír a la Fiscalía o al acusador privado. Aceptado, el desistimiento se extiende a todos los autores y partícipes y no admite retractación. A ese mismo mundo pertenece el plazo de caducidad de seis meses para presentar la querella, que fija el artículo 73 en la redacción de esa ley. Ninguno de esos engranajes tiene aquí campo de aplicación: el trámite de un delito sexual no se parece al que alguien recuerda de un caso de injuria o de un asunto patrimonial de menor cuantía.

Ahora el matiz, porque decir «no pasa nada» sería tan inexacto como decir «se acaba todo». La retractación entra al proceso y se valora: el artículo 380 del Código de Procedimiento Penal ordena apreciar los medios de prueba en conjunto, y el artículo 404 fija los criterios para apreciar un testimonio. Ese artículo empieza por donde casi nadie lo cita: ordena al juez tener en cuenta los principios técnico científicos sobre la percepción y la memoria, y solo después enumera lo demás —la naturaleza del objeto percibido, el estado de sanidad del sentido por el que se percibió, las circunstancias de lugar, tiempo y modo, los procesos de rememoración, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, la forma de sus respuestas y su personalidad—. No hay tarifa legal que asigne de antemano un valor a cada declaración, ni un solo criterio que baste por sí mismo.

La consecuencia se enuncia igual para las dos personas que pueden estar leyendo esto. Para quien denunció: continuar no depende exclusivamente de su voluntad. Para quien está siendo investigado: una retractación no equivale a una absolución ni cierra el caso. Cómo se ha resuelto esa valoración en la práctica judicial se aborda al revisar cómo ha resuelto la Corte Suprema estas discusiones.

Mito 5: «Sin dictamen de Medicina Legal y sin lesiones no hay delito»

Aquí hay dos supuestos encadenados, uno probatorio y otro sustantivo.

El probatorio: el Código Penal no exige un dictamen forense como elemento del delito, y rige la libertad probatoria del artículo 373 del Código de Procedimiento Penal, que permite probar los hechos por cualquiera de los medios previstos en el código o por cualquier otro medio técnico o científico que no viole los derechos humanos. La simetría importa: un dictamen sin hallazgos no descarta el delito, y uno con hallazgos no prueba por sí solo todos los elementos ni la identidad del responsable. Para condenar, el artículo 381 exige el conocimiento más allá de toda duda, fundado en las pruebas debatidas en el juicio.

El sustantivo: la idea de que «sin golpes no hubo violencia» desconoce que el propio Código define qué es violencia para estos delitos. El artículo 212A, incorporado por el artículo 11 de la Ley 1719 de 2014 y vigente desde entonces sin modificaciones, comprende el uso de la fuerza y también la amenaza de su uso, la coacción física o psicológica, la intimidación, la detención ilegal, la opresión psicológica, el abuso de poder y la utilización de entornos de coacción que impidan a la víctima dar su libre consentimiento.

Un dato operativo, sin urgencia: el examen forense está regulado. El artículo 250 del mismo código dispone que se practique con auxilio del perito forense y con consentimiento escrito de la víctima o de su representante, preferiblemente en el Instituto Nacional de Medicina Legal; está vigente con condicionamientos fijados por la Corte Constitucional y con un aparte retirado del ordenamiento, de modo que su texto publicado no debe leerse como si estuviera intacto. Esa exigencia de consentimiento va en dirección contraria a la idea de un examen automático: si la víctima o su representante no lo prestan, lo que el artículo ordena es explicarles la importancia que el examen tiene para la investigación y las consecuencias probables de no practicarlo. El examen es un medio de prueba sujeto a la voluntad de quien lo padece, no un trámite que se le imponga a quien denuncia. Practicarlo pronto facilita la recolección de evidencia física, lo cual es distinto de que sea un requisito. Sobre qué pesa y qué no pesa como prueba en estos casos hay una pieza específica.

Mito 6: «Si no hubo penetración no es delito» y «si la víctima aceptó, tampoco»

Las dos creencias comparten una raíz: suponer que el Título IV contiene un solo delito.

Sobre la penetración: el Código tipifica por separado el acceso carnal y el acto sexual diverso del acceso carnal. Este último, el acto sexual violento diverso del acceso carnal, tiene artículo propio —el 206— y su propia pena de prisión, medida en años. Vale desmontar de paso la escala implícita según la cual sería «una falta menor»: quien busque esa pena en internet encontrará todavía un rango de tres a seis años que corresponde al texto original de 2000: dejó de aplicarse el 1 de enero de 2005, cuando el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 aumentó de forma general las penas de la Parte Especial, y el texto que hoy rige es el del artículo 2 de la Ley 1236 de 2008. La cifra vigente es sensiblemente mayor y está, con su fuente, en la pieza sobre penas.

Sobre el consentimiento: la ley fija un umbral de edad por debajo del cual la manifestación de voluntad no produce efecto jurídico alguno para estos tipos. En el acceso carnal abusivo 以及 los actos sexuales con menor de catorce años la edad integra el tipo y no se exige violencia; las penas de ambos artículos son las que fijaron los artículos 4 y 5 de la Ley 1236 de 2008, de modo que cualquier cifra anterior está desactualizada. No hay, entonces, nada que discutir sobre «si aceptó». Y en los tipos violentos el consentimiento tampoco se infiere de la ausencia de resistencia: la definición legal de violencia incluye la intimidación, la coacción psicológica, el abuso de poder y los entornos de coacción que impiden un consentimiento libre, punto que desarrolla la pieza sobre cuándo la ley entiende que no hubo consentimiento.

Mito 7: «Pasados unos años ya no se puede denunciar»

El mito, en la forma en que realmente circula, es la creencia de que existe un plazo único y corto. No lo hay.

Cuando la víctima era un niño, una niña o un adolescente, la acción penal es imprescriptible tratándose de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, del incesto o del homicidio agravado del artículo 103A del Código Penal. Hace falta aquí una precisión que casi ninguna fuente recoge: esa regla no está hoy en la Ley 2081 de 2021, aunque sea la ley que suele citarse. Cinco meses después, el artículo 8 de la Ley 2098 de 2021 volvió a redactar el artículo 83 del Código Penal y reemplazó ese inciso. Si encuentra citada la redacción que hablaba de «menores de 18 años», está ante un texto sustituido, aunque el alcance por edad sea equivalente.

Cuando la víctima era mayor de edad al momento de los hechos siguen operando las reglas ordinarias de prescripción, con términos que dependen de la pena máxima del delito y con un piso y un techo que fija el mismo artículo 83. Aquí no encontrará números a propósito: una cifra suelta se convierte en el próximo mito. Y una advertencia inversa: lo que hay que verificar es la fecha de los hechos y la edad de la víctima entonces, no la fecha en que se decide denunciar. Ese cruce está desarrollado en la pieza sobre hasta cuándo se puede denunciar un delito sexual.

Mito 8: «Solo las mujeres pueden ser víctimas y el agresor siempre es un desconocido»

Esta corrección se hace con el texto de los tipos penales, no con cifras.

Primero, el sujeto pasivo. Los tipos del Título IV están redactados con fórmulas indeterminadas —«el que… en otra persona», «con persona menor de catorce años»— y no restringen el sexo ni el género de la víctima ni del autor. La ley no crea un delito distinto según quién sea cada uno.

Segundo, la relación previa. Ninguno de estos tipos exige que autor y víctima sean desconocidos entre sí, ni excluye a la pareja, al cónyuge o a un familiar. Un vínculo afectivo, una convivencia o un matrimonio no operan como consentimiento anticipado para cada acto sexual.

Y tercero, en dirección contraria a la que el mito supone: una relación de autoridad, confianza o parentesco no solo no excluye el delito, sino que puede agravarlo. El artículo 211 del Código Penal no fija pena propia; aumenta de una tercera parte a la mitad las penas de los artículos anteriores del Título IV cuando concurre alguno de sus ocho numerales. Su texto vigente es el del artículo 7 de la Ley 1236 de 2008, con los numerales 5 y 7 modificados y el 8 adicionado por el artículo 30 de la Ley 1257 de 2008; los numerales 4, 5 y 7 llevan marca de exequibilidad condicionada, de modo que su alcance fue precisado por la Corte Constitucional y debe leerse con esa precisión, no en la literalidad del enunciado. Y una advertencia del tipo que esta pieza intenta prevenir: si encuentra escrito que la Ley 2197 de 2022 añadió agravantes a este artículo, cotéjelo, porque el texto consolidado no registra ninguna adición de esa ley al artículo 211.

Mitos 9 y 10: «denunciar es condenar» y «de todos modos salen pronto»

Estas dos creencias empujan en direcciones opuestas y las dos son inexactas. Se corrigen con la misma idea: el desenlace de un proceso penal no está escrito de antemano.

Una denuncia no es una condena. Rige la presunción de inocencia y la carga de la prueba está en la Fiscalía. Vale aquí una precisión que corrige un mito de segundo grado: la fórmula que suele repetirse, «más allá de toda duda razonable», no es la del texto colombiano vigente. El artículo 381 del Código de Procedimiento Penal exige el conocimiento más allá de toda duda, sin ese adjetivo, y añade que la sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia. De ahí lo demás: una imputación no es una declaración de responsabilidad, y una absolución no es por sí sola una declaración de que la denuncia fue mentira. El ordenamiento tipifica aparte la falsa denuncia, en el artículo 435 del Código Penal, que exige juramento y cuya pena está expresada en meses, no en años.

Tampoco es cierto que una condena por estos delitos se traduzca sin más en un cumplimiento breve o domiciliario. El artículo 68A del Código Penal contiene un régimen de exclusión de beneficios y subrogados que rige con la redacción del artículo 32 de la Ley 1709 de 2014; el inciso que trae el catálogo de delitos excluidos fue reemplazado por el artículo 1 de la Ley 2356 de 2024, de modo que cualquier listado anterior a 2024 está desactualizado. Ese inciso niega la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la prisión domiciliaria sustitutiva y cualquier otro beneficio judicial o administrativo —salvo los de colaboración eficaz— a quien haya sido condenado por delitos contra la libertad, integridad y formación sexual.

Ese artículo tiene una arquitectura que conviene conocer antes de darlo por absoluto en cualquiera de los dos sentidos. La exclusión entra por dos puertas distintas: una general, la de haber sido condenado por delito doloso dentro de los cinco años anteriores, y otra por catálogo, la lista de delitos entre los que figuran expresamente los del Título IV; para estos últimos basta la segunda. Y el mismo artículo deja abiertas salidas que no siempre se mencionan: el parágrafo 1 excluye de la restricción la libertad condicional del artículo 64 y lo dispuesto en el artículo 38G, y en 2023 la Ley 2292 le añadió un parágrafo 3 referido a mujeres cabeza de familia, cuyo alcance hay que leer en el texto y no en un resumen. El núcleo de este régimen pertenece a la individualización y a la ejecución de la pena, es decir, opera después de una condena; el propio artículo contiene además una regla sobre la sustitución de la detención preventiva, limitada a los eventos de los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 del Código de Procedimiento Penal. Nada de esto se decide con la denuncia.

De porcentajes de rebaja por allanamiento o preacuerdo no hay aquí ninguna cifra, y no por prudencia retórica: ese régimen fue reformado y los porcentajes que circulan se repiten sin la ley que los fijó. Si de esa cifra depende una decisión suya, no la tome sobre un dato de segunda mano: verifíquela en el texto consolidado vigente o consúltela con un abogado que la lea con el articulado delante.

Según su situación, la continuación natural es la guía para víctimas de delitos sexuales o la guía para personas investigadas o acusadas por un delito sexual.

Cómo comprobar usted mismo si una afirmación sobre delitos sexuales es cierta

Esta pieza envejece; el método para verificarla, no. Son cuatro comprobaciones.

Busque el artículo en un texto consolidado y lea sus notas de vigencia, que dicen qué ley lo modificó y desde cuándo; léalas todas y fíjese sobre todo en la última, porque un artículo puede haber sido reformado dos veces en el mismo año y la ley que más se cita suele ser la primera, no la que rige. Los textos oficiales del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal están en el Gestor Normativo de Función Pública.

Distinga un proyecto de una ley: una ley tiene número, año, sanción presidencial y publicación en el Diario Oficial; un proyecto tiene número de radicación y estado de trámite, y puede archivarse sin más.

Compruebe en la relatoría de la Corte Constitucional si la norma o alguna de sus expresiones fue declarada inexequible o condicionada. Un texto puede seguir publicado y estar recortado por una sentencia: es lo que ocurre con la mención a la prisión perpetua revisable en el artículo 35 del Código Penal. El buscador de jurisprudencia es de acceso público.

Y desconfíe de tres señales: una cifra de pena sin la ley que la fijó, un titular de prensa citado como si fuera la norma y una regla de conciliación trasladada desde otra área del derecho. Añada una cuarta, menor pero traicionera: mire si la cifra está en meses o en años, porque el Código Penal usa ambas unidades.

Comprobar una norma no es lo mismo que evaluar una situación: lo primero puede hacerlo usted en una tarde; lo segundo exige mirar hechos, fechas, pruebas y competencias concretas. Este artículo se verificó frente a los textos consolidados vigentes al 31 de julio de 2026 y se revisa periódicamente.

所引用的法律与判例

• Ley 906 de 2004, art. 74 — CONDUCTAS PUNIBLES QUE REQUIEREN QUERELLA. El listado de conductas querellables que rige hoy es el del articulo 22 de la Ley 2197 de 2022, corregido por el Decreto 207 de 2022. 来源
• Ley 906 de 2004, art. 381 — CONOCIMIENTO PARA CONDENAR. 来源
• Ley 906 de 2004, art. 373 — LIBERTAD (libertad probatoria). 来源
• Ley 906 de 2004, art. 404 — APRECIACIÓN DEL TESTIMONIO. 来源
• Ley 906 de 2004, art. 380 — CRITERIOS DE VALORACIÓN. 来源
• Ley 906 de 2004, art. 66 — TITULARIDAD Y OBLIGATORIEDAD. El articulo 66 rige en el texto que le dio el articulo 1 de la Ley 1826 de 2017: ademas de confirmar la obligatoriedad de la accion penal, incorpora la conversion de la accion penal publica a privada, en la que la investigacion y la acusacion pasan al acusador privado. 来源
• Ley 906 de 2004, art. 76 — DESISTIMIENTO DE LA QUERELLA. El texto vigente de este artículo es el que le dio la Ley 1826 de 2017; la redacción original de 2004 ya no rige. 来源
• Ley 906 de 2004, art. 522 — LA CONCILIACIÓN EN LOS DELITOS QUERELLABLES. 来源
• Ley 906 de 2004, art. 250 — PROCEDIMIENTO EN CASO DE LESIONADOS O DE VÍCTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES. El artículo 250 del Código de Procedimiento Penal está vigente con condicionamientos fijados por la Corte Constitucional y con un aparte retirado del ordenamiento; verifique el fallo antes de reproducir su texto completo como si estuviera intacto. 来源
• Ley 599 de 2000, art. 211 — CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN PUNITIVA. El aumento de una tercera parte a la mitad corresponde al texto vigente fijado por la Ley 1236 de 2008, con los numerales que la Ley 1257 de 2008 modificó y adicionó ese mismo año. 来源
• Ley 599 de 2000, art. 209 — ACTOS SEXUALES CON MENOR DE CATORCE AÑOS. Esta pena corresponde al texto vigente tras la reforma del artículo 5 de la Ley 1236 de 2008; las cifras anteriores a esa fecha ya no rigen. 来源
• Ley 599 de 2000, art. 208 — ACCESO CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE CATORCE AÑOS. Esta pena corresponde al texto vigente tras la reforma del artículo 4 de la Ley 1236 de 2008; las cifras anteriores a esa fecha ya no rigen. 来源
• Ley 599 de 2000, art. 68A — EXCLUSIÓN DE LOS BENEFICIOS Y SUBROGADOS PENALES. El artículo rige con la redacción que le dio el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014; el inciso con el catálogo de delitos excluidos fue reemplazado por el artículo 1 de la Ley 2356 de 2024, y la Ley 2292 de 2023 le añadió el parágrafo 3. 来源
• Ley 599 de 2000, art. 212A — VIOLENCIA. Esta definición fue incorporada al Código Penal por el artículo 11 de la Ley 1719 de 2014 y rige desde entonces sin modificaciones. 来源
• Ley 599 de 2000, art. 206 — ACTO SEXUAL VIOLENTO. Esta pena corresponde al texto vigente tras la reforma del artículo 2 de la Ley 1236 de 2008; el rango que aún circula en internet, de tres a seis años, es anterior a esa reforma y no rige. 来源
• Ley 599 de 2000, art. 435 — FALSA DENUNCIA. Las cifras de este artículo están en MESES, no en años, y ya incorporan el aumento del artículo 14 de la Ley 890 de 2004: no deben volver a aumentarse. 来源
• Ley 599 de 2000, art. 34 — DE LAS PENAS. 来源
• Ley 599 de 2000, art. 35 — PENAS PRINCIPALES. El artículo 35 rige con la redacción de la Ley 2098 de 2021. 来源
• Ley 2081 de 2021, art. 1 — modificó el artículo 83 del Código Penal (término de prescripción de la acción penal). Esa ley solo tiene dos artículos: no existe en ella un «artículo 83». Su redacción, además, fue sustituida por el artículo 8 de la Ley 2098 de 2021. 来源
• Sentencia C-294 de 2021, rad. Expedientes acumulados D-13.915 y D-13.945, M.P. Cristina Pardo Schlesinger (el encabezado la identifica como "Magistrada Sustanciadora") — La Sala Plena declaró INEXEQUIBLE en su totalidad el Acto Legislativo 01 de 2020, «por medio del cual se modifica el artículo 34 de la constitución política, suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable». La decisión tiene un único numeral resolutivo, sin condicionamiento y sin modulación de efectos. 来源
• Sentencia C-423 de 2021 (C-423/21), rad. Expedientes acumulados D-14138 y D-14140 (AC), M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado y Paola Andrea Meneses Mosquera (el encabezado las identifica como "Magistradas sustanciadoras", no como ponente única) — La Sala Plena constató cosa juzgada formal y relativa explícita respecto del artículo 8 (parcial) de la Ley 2098 de 2021 —que subrogó el artículo 1 de la Ley 2081 de 2021 y modificó el artículo 83 del Código Penal— y, sin nuevo examen de fondo, ordenó estarse a lo resuelto en la Sentencia C-422 de 2021. 来源