Agravantes en los delitos sexuales en Colombia (art. 211): cuánto sube la pena y cuándo no se aplica

El artículo 211 del Código Penal es de las normas más citadas y peor explicadas: lo que circula reproduce una versión que dejó de regir en 2008 y presenta el aumento de pena como si fuera discrecional.

Qué es el artículo 211 y por qué no es un delito

Nadie es condenado «por el artículo 211». Esa norma no describe una conducta ni fija pena propia: aumenta de una tercera parte a la mitad las penas de los artículos que lo preceden en el Título IV del Código Penal, cuando concurre alguna de sus ocho circunstancias.

El orden importa: primero debe establecerse alguno de los delitos sexuales de el Título IV del Código Penal, donde están agrupados los delitos sexuales, y solo después se pregunta si concurre una causal del 211.

Su alcance se entiende por la ubicación. El 211 cierra, como disposición común, los dos primeros capítulos del Título IV: violación y actos sexuales abusivos. No cubre los de explotación sexual, que tienen régimen propio en el artículo 216.

Un punto que no conviene dar por pacífico: si alcanza a el acoso sexual del artículo 210A. La lectura estructural indica que sí, y la Corte Constitucional lo enumeró entre aquellos donde una de las causales conserva efecto útil; pero no hay pronunciamiento general.

Cuánto sube la pena: la aritmética del aumento de una tercera parte a la mitad

«De una tercera parte a la mitad» no es una franja a elegir. El artículo 60 del Código Penal fija los parámetros para mover los extremos de la infracción básica, y su regla cuarta dispone que, al aumentarse la pena en dos proporciones, la menor va al mínimo y la mayor al máximo:

Un ejemplo aritmético, con cifras que no corresponden a ningún delito: si la pena base fuera de 120 a 240 meses —10 a 20 años—, el mínimo subiría 40 meses y el máximo 120; el rango agravado quedaría en 160 a 360 meses.

Esa no es la única regla del artículo 60, y confundirlas cambia el resultado. El artículo trae cinco. Si la ley fija una proporción determinada, esta se aplica al mínimo y al máximo (regla 1). Si dice que la pena se aumenta hasta en una proporción, solo se mueve el máximo (regla 2). Si la disminuye hasta en una proporción, solo se mueve el mínimo (regla 3). Si la aumenta en dos proporciones, la menor va al mínimo y la mayor al máximo (regla 4). Y si la disminuye en dos, es al revés: la mayor al mínimo y la menor al máximo (regla 5).

Por eso la lectura literal del encabezado del 211 decide todo lo demás. Dice «de una tercera parte a la mitad»: son dos proporciones, luego regla cuarta, luego se mueven ambos extremos. Si dijera «hasta en la mitad» —fórmula que el Código sí emplea en otras figuras—, el mínimo se quedaría intacto y solo subiría el techo. Quien aplica la fórmula de la regla 2 a una norma escrita con la sintaxis de la regla 4 no comete un error de detalle: se equivoca en el piso de la pena, que es justamente lo que determina el cuarto en el que el juez va a moverse después.

Lo que depende del caso es la cifra de partida, y ahí falla el contenido que circula: publica penas sin fecha y sin la ley que las fijó. Tómela del texto vigente y solo después calcule; puede contrastarla en la tabla de penas por delitos sexuales, con la ley que fijó cada una. A los hechos se aplica la ley vigente cuando ocurrieron.

El error que más se repite. El artículo 14 de la Ley 890 de 2004 aumentó de forma general, desde el 1 de enero de 2005, en una tercera parte el mínimo y en la mitad el máximo de las penas de la Parte Especial. Ese incremento no se vuelve a sumar sobre los tipos que leyes posteriores reformaron con cifras propias.

Dos precisiones que acompañan a esa regla y casi nunca se escriben. La primera es de fecha: como el artículo 14 rige desde el 1 de enero de 2005 —no desde la promulgación de la ley, en julio de 2004—, no alcanza los hechos anteriores a esa fecha, que se juzgan con la pena sin ese aumento. La segunda es de límite: la propia Ley 890 sujetó el incremento al tope máximo de la pena privativa de la libertad, de modo que nunca opera como una suma abierta.

Dónde muerde el tope y dónde no. La duración máxima de la prisión es de cincuenta (50) años, salvo en concurso; la elevación a sesenta (60) que dispuso la Ley 2197 de 2022 fue declarada inexequible. En un solo delito agravado por el 211 ese tope no decide el resultado: pesa en el concurso, cuya regla está en el artículo 31 —la pena más grave aumentada hasta en otro tanto, sin superar la suma aritmética—, hoy vigente con el texto de la Ley 2098 de 2021 y con parte del inciso del tope declarada inexequible. Por eso aquí no se da esa cifra.

Los numerales del artículo 211, uno por uno y con la ley que los puso ahí

El artículo 211 no tiene una capa de reforma sino dos, ambas de 2008. El artículo 7 de la Ley 1236 de 2008 lo reescribió entero, con siete numerales. Meses después, el artículo 30 de la Ley 1257 de 2008 modificó los numerales 5 y 7 y adicionó un numeral 8: hoy son ocho. La ley dice, en su literalidad, que «adiciona» los numerales 7 y 8; pero como ya existía un numeral 7, el texto consolidado del Código lo registra como numeral modificado. El efecto es el mismo.

Si encuentra una lista de siete causales cuyo numeral 5 dice «se realizare sobre el cónyuge o sobre con quien se cohabite o se haya cohabitado, o con la persona con quien se haya procreado un hijo», está leyendo el texto anterior. Lo mismo con el numeral 7 que aún publican muchos sitios, referido a la persona de la tercera edad o al «disminuido físico, sensorial o psíquico»: esa fórmula desapareció.

Las causales cuya redacción actual conviene tener a la vista:

• Numeral 2 — el autor tiene un carácter, posición o cargo que le da particular autoridad sobre la víctima o que la impulsa a depositar en él su confianza.
• Numeral 4 — la conducta se realiza sobre persona menor de catorce (14) años.
• Numeral 5, reescrito en 2008 — sobre pariente hasta cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil, sobre cónyuge o compañera o compañero permanente, contra cualquier persona permanentemente integrada a la unidad doméstica, o aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno de los partícipes. Es bastante más que «ser familiar»: son cuatro supuestos alternativos, y basta uno. La propia norma añade que la afinidad se deriva de cualquier forma de matrimonio o de unión libre, con lo que la ausencia de vínculo formalizado no excluye el parentesco por afinidad. Y el último supuesto —el aprovechamiento de la confianza— no exige parentesco ni convivencia de ninguna clase.
• Numeral 7, también reescrito — sobre personas en situación de vulnerabilidad en razón de su edad, etnia, discapacidad física, psíquica o sensorial, ocupación u oficio.
• Numeral 8, nuevo — el hecho se comete con la intención de generar control social, temor u obediencia en la comunidad.

Los demás conservan la redacción de la Ley 1236 de 2008; transcríbalos del texto oficial de la Ley 1236 y del de la Ley 1257.

Dos advertencias. El texto consolidado no registra ninguna adición de la Ley 2197 de 2022 al artículo 211. Y los numerales 4, 5 y 7 llevan marcas de exequibilidad condicionada: no son de aplicación automática. El 4 no puede invocarse sin más cuando el delito base es el acceso carnal abusivo con menor de catorce años, cuyo tipo ya se define por la edad.

Qué significa esa marca. «Condicionalmente exequible» quiere decir que el numeral sobrevivió al examen constitucional solo porque se lee en un sentido determinado, y que ese sentido integra el derecho vigente con la misma fuerza que las palabras impresas. Transcribir el numeral sin su condicionamiento es publicar media norma: el texto queda completo y la regla, falseada.

De dónde sale la confusión con la Ley 2197 de 2022. Esa ley reformó el Código Penal en su Título II —así se titula el bloque de la propia Ley 2197 que modifica el Código—, pero no tocó ningún artículo del Título IV del Libro Segundo, que es donde viven los delitos sexuales. Lo que sí hizo, y explica el equívoco, fue moverse en dos terrenos vecinos, ambos del Libro Primero: elevó a sesenta años el tope de la pena de prisión del artículo 37 —expresión después declarada inexequible, de modo que rige otra vez el tope de cincuenta— y añadió tres numerales al catálogo de circunstancias de mayor punibilidad del artículo 58 —uno de ellos, el 19, declarado inexequible después—, más un parágrafo definitorio; ese catálogo es genérico y no específico de esta materia. Ninguna de las dos cosas cambia una coma del artículo 211.

El agravante que no está en el 211: el artículo 211A y qué queda de él

El artículo 11 de la Ley 2098 de 2021 adicionó al Código Penal el artículo 211A, que opera cuando la víctima es menor de dieciocho años y el delito es alguno de los artículos 205, 207 o 210, siempre que concurra uno de ocho literales: superioridad, deber de cuidado o parentesco —condicionalmente exequible—; sevicia o actos degradantes o vejatorios; intención de generar control social, temor u obediencia en la comunidad; especial vulnerabilidad por corta edad, etnia o discapacidad física, psíquica o sensorial; alevosía o ensañamiento; contexto de violencia de género; tratos crueles, inhumanos o degradantes; y el autor que ha perpetrado múltiples conductas de esa clase contra niños, niñas o adolescentes.

La lista de delitos es cerrada, y ahí está la consecuencia práctica que casi nadie escribe. El 211A remite a los artículos 205, 207 o 210, en disyuntiva. No cubre el resto del Título IV: quedan fuera el artículo 206, los dos tipos que se definen por la edad de la víctima —artículos 208 y 209— y el acoso sexual del 210A. Que la víctima sea menor de dieciocho años no basta, entonces, para que entre el 211A; si el delito base no es uno de esos tres, la vía sigue siendo la del artículo 211, con su aumento proporcional.

Y los dos parentescos no coinciden. El numeral 5 del artículo 211 cubre al pariente hasta cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil. El literal a) del 211A, en cambio, llega hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil. La diferencia es de dos grados en la línea de afinidad, y no es teórica: un mismo vínculo familiar puede activar el agravante del 211 y quedar fuera del literal a) del 211A. Es la clase de detalle que se pierde cuando se resume «parentesco» en una palabra.

La diferencia estructural es la clave: donde el 211 modula, el 211A reemplaza. Fija un rango propio de 480 a 600 meses de prisión, esto es, de 40 a 50 años. Repare en la unidad —son meses—, donde se producen los errores más groseros al multiplicar por doce. Y al no operar por proporciones, no se le aplica el artículo 60: no hay nada que desplazar, porque la norma trae sus propios extremos ya fijados.

Esa ley desarrollaba la prisión perpetua revisable, cuyo único fundamento constitucional era el Acto Legislativo 01 de 2020, declarado inexequible en su totalidad el 2 de septiembre de 2021 por la Sentencia C-294 de 2021. La razón que dio la Corte no fue de conveniencia: sostuvo que el Congreso desbordó su poder de reforma y sustituyó un eje definitorio de la Constitución —el Estado social y democrático de derecho fundado en la dignidad humana— al anular la esperanza de reintegración social de quien es condenado, y añadió que la medida tampoco resultaba idónea ni proporcional para proteger a los niños, niñas y adolescentes. De ahí la advertencia: los compiladores que aún muestran el 211A con la prisión perpetua revisable están desactualizados; esa pena no es una consecuencia disponible.

Conviene decirlo con precisión, porque las dos formulaciones erróneas circulan por igual. No es exacto que la reforma constitucional «nunca entró en vigencia»: entró, y fue expulsada del ordenamiento por sentencia. Lo que sí ocurrió es que la Corte, al depurar después la ley que la desarrollaba, fijó efectos retroactivos al 2 de septiembre de 2021, la fecha en que cayó el acto legislativo. Ese detalle tiene un destinatario concreto: las condenas dictadas desde ese día quedan alcanzadas por la inexequibilidad. Para las anteriores —la ley rige desde el 6 de julio de 2021— la vía no es la retroactividad de este fallo, sino la favorabilidad penal, porque la pena desapareció después.

Vale la pena saber qué decía el parágrafo que desapareció, porque su caída no le quitó nada al lector: se limitaba a restringir la prisión perpetua revisable al autor, coautor o determinador que obrara con dolo directo y en conducta consumada. Era una regla de aplicación de esa pena; retirada la pena, el parágrafo quedó sin objeto. El artículo 211A quedó, pues, reducido a lo que hoy es: un rango de 480 a 600 meses, tres delitos base y ocho literales.

Cómo lo han entendido las cortes: dónde el agravante no puede aplicarse

Un límite atraviesa la materia: el non bis in ídem, la prohibición de que un mismo hecho sirva a la vez para configurar el delito y para agravarlo. El Código Penal lo consagra como norma rectora en su artículo 8 y la Constitución en su artículo 29.

La edad de la víctima cuando el tipo ya se define por la edad

Hay delitos cuyo tipo se construye sobre la edad: la edad é el fundamento de la lesividad, y sumarles el numeral 4 sería valorar dos veces lo mismo. Afecta a los actos sexuales con menor de catorce años y a su equivalente en acceso carnal.

Merece atención el reverso de ese razonamiento, que es lo que salva la causal en los demás casos. Donde el tipo base se construye sobre otra cosa —la violencia, la incapacidad de resistir, la superioridad manifiesta—, la corta edad de la víctima añade un desvalor que el tipo no había computado, y el agravante conserva entonces su efecto útil. No hay doble valoración cuando cada circunstancia responde por algo distinto. Por eso la Corte no expulsó la norma: la conservó, recortada.

La discapacidad que ya fundamenta el delito base

El mismo razonamiento reapareció doce años después, sobre el numeral 7 y frente a el delito sexual con persona incapaz de resistir por una discapacidad: si la discapacidad es lo que impide resistir, agravar por ella cuenta dos veces lo mismo.

Dos límites de ese condicionamiento conviene tenerlos presentes, porque suele citarse con más alcance del que tiene. El primero es de norma: la desactivación opera únicamente frente al artículo 210; la sentencia no examina el artículo 207, de manera que quien invoque el condicionamiento fuera de ese tipo está extendiendo por su cuenta una decisión que no dice eso. El segundo es de hecho: el numeral 7 no se refiere solo a la discapacidad. Cubre también la vulnerabilidad por edad, etnia, ocupación u oficio. Pero eso no deja libre de condicionamientos al resto del numeral: el texto consolidado le marca dois apartes como condicionalmente exequibles, el de la edad y el de la discapacidad. Y el de la edad repite un límite ya conocido: esa hipótesis no está llamada a agravar las conductas de los artículos 208 y 209, por la misma razón de non bis in ídem que recortó el numeral 4 en 2009. Sin marca quedan la etnia, la ocupación y el oficio.

La confianza que nace del mismo vínculo que ya agrava

El tercer límite viene de la casación penal: cuando se deducen a la vez el numeral 2 —autoridad o confianza derivada del cargo o la posición— y el numeral 5 —parentesco, convivencia o aprovechamiento de la confianza—, apoyando ambos en la misma relación familiar.

El agravante que ya movió el rango no vuelve a contar

De esa misma providencia sale una regla que casi nunca se explica y que puede valer años de prisión, porque el non bis in ídem no se agota en la calificación: también gobierna la dosificación.

Conviene separar los dos momentos. En el primero se fijan los extremos del rango: ahí es donde actúa el artículo 211, y para desplazarlos basta una sola circunstancia específica de agravación. Si concurren dos y una se cae, el marco no se mueve: sigue siendo el mismo, porque ya estaba desplazado. En el segundo momento el juez individualiza dentro de ese rango, por el sistema de cuartos del artículo 61.

La regla es esta: la circunstancia que ya sirvió para desplazar los extremos no puede volver a invocarse para subir el mínimo del cuarto escogido. Sería el mismo hecho produciendo dos efectos punitivos, que es precisamente lo prohibido. En cambio, las demás circunstancias específicas que concurrieron y no incidieron en la fijación del marco sí pueden pesar como criterio de individualización.

De ahí que la fórmula corriente —«los agravantes no se multiplican»— sea correcta a medias. Es exacta respecto del rango, que se desplaza una sola vez. No lo es respecto de la individualización, donde la pluralidad sí puede tener efecto, siempre que no se repita la circunstancia que ya operó.

Qué distingue el artículo 211 de otras figuras que suben la pena

Frente al artículo 58. Confundirlos es el error técnico más común. Las circunstancias de mayor punibilidad del 58 son genéricas, van encabezadas por la cláusula «siempre que no hayan sido previstas de otra manera» y no modifican los extremos de la pena: operan cuando el juez individualiza en el sistema de cuartos del artículo 61, hoy vigente con el texto de la Ley 2098 de 2021. Las del 211 sí los desplazan. Si va a citar numerales del 58, tómelos del consolidado: su catálogo se amplió en 2009, 2022, 2024 y 2025 —en 2021 no se añadió ninguno, se reescribió uno de los existentes—, uno de los añadidos fue declarado inexequible y el listado llegó a tener dos numerales con el mismo número, uno de ellos marcado como error de numeración en el propio texto oficial. Reproducir esa lista de memoria termina casi siempre en una cita equivocada.

Esa cláusula de encabezado resuelve la confusión de fondo: «siempre que no hayan sido previstas de otra manera» significa que la circunstancia genérica cede cuando la misma situación ya fue recogida por una agravación específica. Si el hecho está cubierto por un numeral del 211, no vuelve a computarse por la vía del 58: es la misma lógica de la prohibición de doble valoración, esta vez escrita por el propio legislador en el encabezado de la norma.

Frente al artículo 216. agravam el régimen de los delitos de explotación sexual, entre ellos los delitos de pornografía con menores de dieciocho años. También aumenta de una tercera parte a la mitad, pero con causales propias, hoy cinco: las cuatro de la Ley 1236 de 2008, con los numerales 3 y 4 ajustados por la Ley 1257 de 2008, más un quinto de la Ley 1719 de 2014.

Vistas de cerca, las dos listas se parecen más de lo que suele decirse. Tres causales del 216 replican casi palabra por palabra las del 211: la víctima menor de catorce años; el pariente hasta cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil, cónyuge o compañero permanente, persona integrada de manera permanente a la unidad doméstica o el aprovechamiento de la confianza; y la vulnerabilidad por edad, etnia, discapacidad física, psíquica o sensorial, ocupación u oficio. Las dos restantes no tienen equivalente en el 211 y son propias de este capítulo: el fin de llevar a la víctima al extranjero, y la retaliación, represión o silenciamiento de integrantes de organizaciones sociales, comunitarias o políticas o de líderes y defensores de derechos humanos. Lo que decide cuál de los dos regímenes se aplica no es la causal, sino el capítulo al que pertenece el delito base.

Frente al artículo 211A. El 211 modula por proporciones la pena base; el 211A la sustituye por un rango propio cuando la víctima es menor de dieciocho años.

Frente al concurso. Con varias conductas punibles no se acumulan agravantes: se aplican las reglas del artículo 31, con su propio límite. El orden tampoco es indiferente. Primero cada delito se dosifica por separado —y es ahí, dentro de cada uno, donde opera el 211—; solo después se toma la pena más grave así obtenida y se la aumenta hasta en otro tanto, sin que el resultado pueda superar la suma aritmética de las penas ya dosificadas. El mismo artículo trae además una regla aparte para el delito continuado y el delito masa: allí no hay acumulación, sino la pena del tipo respectivo aumentada en una tercera parte.

Y la calificación jurídica, agravantes incluidos, la hace la Fiscalía y la controla el juez: puede cambiar durante el proceso.

Qué cambia en el proceso cuando la Fiscalía imputa un agravante

Un agravante no puede aparecer por primera vez en la sentencia. El artículo 448 de la Ley 906 de 2004 lo dice en una frase, y conviene leerla completa: el acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación, ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena. Son dos exigencias, no una. Y no basta nombrar el numeral: los hechos que lo sustentan deben estar en la relación clara y sucinta de hechos jurídicamente relevantes del escrito de acusación —artículo 337, numeral 2—, fase distinta de la imputación, regulada en el artículo 288.

Esa distinción entre imputación y acusación decide muchas discusiones y casi siempre se pasa por alto. La imputación es oral y el artículo 288 le exige tres contenidos: individualizar concretamente al imputado, hacer una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en lenguaje comprensible, e informarle que puede allanarse a los cargos. Hay un punto que suele decepcionar a quien llega a esa audiencia esperando ver el expediente: la norma precisa que esa relación de hechos no implica el descubrimiento de los elementos materiales probatorios ni de la evidencia física en poder de la Fiscalía, salvo lo que se requiera para sustentar la solicitud de medida de aseguramiento. Que no se muestre la prueba en la imputación no es una irregularidad; el descubrimiento tiene su propio momento, más adelante.

El agravante mueve el rango de pena y, por esa vía, incide en decisiones que dependen del quantum, como la medida de aseguramiento y los beneficios. Aquí no se publican cifras de rebajas: el régimen de allanamientos, preacuerdos y principio de oportunidad en delitos sexuales fue reformado recientemente y es hoy el punto más volátil de la materia.

También puede incidir en la prescripción, que se calcula sobre el máximo de la pena. Pero hay un dato que cambia el panorama: tratándose de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes, la acción penal es imprescriptible, conforme al artículo 83 del Código Penal en la redacción de la Ley 2098 de 2021. Más en hasta cuándo se puede denunciar un delito sexual.

Fuera de esa hipótesis, el efecto del agravante sobre la prescripción existe pero tiene techo. La regla general del mismo artículo 83 es que la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena privativa de la libertad, nunca inferior a cinco años ni superior a veinte. Como el 211 desplaza hacia arriba ese máximo, empuja también el término de prescripción; pero una vez alcanzado el tope de veinte años, seguir agravando ya no lo alarga. Ese mismo artículo contempla dos supuestos en los que el término se aumenta en la mitad —cuando el delito lo comete un servidor público en ejercicio de sus funciones y cuando la conducta se inició o se consumó en el exterior—, sin que el aumento pueda desbordar el límite máximo fijado. Son datos que conviene tener antes de concluir que un caso «ya prescribió».

Probar el agravante es distinto de probar el delito: el numeral invocado tiene su propio supuesto de hecho, y de eso trata cómo se prueba una circunstancia de agravación.

Según su situación: la guía para víctimas de delitos sexuales ou la guía para personas investigadas o acusadas por un delito sexual.

Normas e jurisprudência citadas

• Ley 906 de 2004, art. 448 — CONGRUENCIA. Fonte
• Ley 906 de 2004, art. 288 — CONTENIDO. Fonte
• Ley 599 de 2000, art. 211 — CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN PUNITIVA. El aumento de una tercera parte a la mitad corresponde al texto vigente fijado por la Ley 1236 de 2008, con los numerales que la Ley 1257 de 2008 modificó y adicionó ese mismo año. La Ley 2197 de 2022 no modificó este artículo: ninguno de los artículos del Código Penal que esa ley reformó pertenece al Título IV del Libro Segundo. Fonte
• Ley 599 de 2000, art. 83 — TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. La regla vigente es la del artículo 8 de la Ley 2098 de 2021, con el inciso que le añadió el artículo 70 de la Ley 2277 de 2022. Fonte
• Ley 599 de 2000, art. 37 — LA PRISIÓN. El tope vigente de la pena de prisión es de cincuenta (50) años, salvo en los casos de concurso: la elevación a sesenta (60) años que dispuso la Ley 2197 de 2022 fue declarada inexequible y no rige. Fonte
• Ley 599 de 2000, art. 216 — CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN PUNITIVA. Este artículo rige hoy con cinco numerales: los cuatro que fijó la Ley 1236 de 2008, con los numerales 3 y 4 ajustados por la Ley 1257 de 2008, más un quinto que añadió la Ley 1719 de 2014. Fonte
• Ley 599 de 2000, art. 58 — CIRCUNSTANCIAS DE MAYOR PUNIBILIDAD. El catalogo del articulo 58 no es el de 2000: se le han sumado numerales en 2009, 2022, 2024 y 2025 —en 2021 se reescribio uno de los existentes, sin ampliar la lista—, y el numeral 19 fue declarado inexequible. Fonte
• Ley 599 de 2000, art. 31 — CONCURSO DE CONDUCTAS PUNIBLES. El artículo 31 rige con el texto que le dio la Ley 2098 de 2021. Fonte
• Ley 599 de 2000, art. 60 — PARAMETROS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS APLICABLES. Fonte
• Ley 1257 de 2008, art. 30 — Modifica el numeral 5 y, en su literalidad, «adiciona» los numerales 7 y 8 al artículo 211 del Código Penal; como ya existía un numeral 7, el texto consolidado del Código lo registra como numeral modificado. Los agravantes de los numerales 5, 7 y 8 del artículo 211 del Código Penal provienen del artículo 30 de la Ley 1257 de 2008; el numeral 5 y apartes del 7 rigen con condicionamientos fijados por la Corte Constitucional. Fonte
• Ley 890 de 2004, art. 14 — Regla general de dosificación punitiva: aumenta en una tercera parte el mínimo y en la mitad el máximo de las penas de la Parte Especial del Código Penal, respetando el tope máximo de la pena privativa de la libertad. Rige desde el 1 de enero de 2005, de modo que no alcanza los hechos anteriores a esa fecha, y no se vuelve a sumar sobre los tipos que leyes posteriores reformaron con cifras propias. Fonte
• Ley 1236 de 2008, art. 7 — Artículo 211 del Código Penal: Circunstancias de agravación punitiva. Las circunstancias de agravación del artículo 211 del Código Penal ya no son las siete que fijó la Ley 1236 de 2008. Fonte
• Ley 599 de 2000, art. 211A (adicionado por el art. 11 de la Ley 2098 de 2021) — CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN PUNITIVA CUANDO LA CONDUCTA SE COMETIERE EN CONTRA DE NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE. Sigue vigente, pero no en su versión original: el texto consolidado advierte que hay apartes tachados por inexequibilidad y que su literal a) es condicionalmente exequible. La pena de este agravante se expresa en MESES: de 480 a 600 meses de prisión, es decir, de 40 a 50 años. Fonte
• Sentencia C-155 de 2022, rad. Expediente D-14.426, M.P. Cristina Pardo Schlesinger — Tras la inexequibilidad del Acto Legislativo 01 de 2020 (Sentencia C-294 de 2021) revivió el texto original del artículo 34 superior, que prohíbe las penas perpetuas. Por eso la Sala Plena declaró la inexequibilidad sobreviniente de los apartes de la Ley 2098 de 2021 que consagraban la prisión perpetua revisable, con efectos retroactivos al 2 de septiembre de 2021. Del artículo 11 —el que creó el artículo 211A del Código Penal— solo cayeron la expresión «o pena de prisión perpetua revisable» del inciso primero y el parágrafo. Fonte
• Sentencia C-163 de 2021 (C-163/21), rad. D-13749, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado — La Corte se inhibió frente al artículo 210 del Código Penal por ineptitud sustantiva de la demanda y, previa integración de la unidad normativa, declaró la exequibilidad condicionada del aparte del numeral 7 del artículo 211 referido a la discapacidad física, psíquica o sensorial, en el entendido de que esa causal no puede agravar la pena del artículo 210 cuando la discapacidad es la que genera la incapacidad de resistir. Fonte
• Sentencia C-163 de 2022 (C-163/22), rad. Expediente D-14418, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera — Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 2098 de 2021 (prisión perpetua revisable) por violación del artículo 34 de la Constitución. La Sala Plena ordenó estarse a lo resuelto en la Sentencia C-155 de 2022 y se declaró inhibida respecto de los demás apartes demandados, entre ellos el artículo 11, por ineptitud sustantiva. No declaró nada inexequible. Fonte
• Sentencia C-294 de 2021, rad. Expedientes acumulados D-13.915 y D-13.945, M.P. Cristina Pardo Schlesinger — La Sala Plena declaró inexequible en su totalidad el Acto Legislativo 01 de 2020, que modificaba el artículo 34 de la Constitución para suprimir la prohibición de la pena de prisión perpetua y establecer la prisión perpetua revisable. Fonte
• Sentencia C-521 de 2009 (C-521/09), rad. Expediente D-7578, M.P. María Victoria Calle Correa — La Corte examinó el numeral 4 del artículo 211 del Código Penal (Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 7 de la Ley 1236 de 2008), que agrava la pena cuando la conducta se realiza sobre persona menor de catorce años, y sostuvo que el legislador no puede agravar con una circunstancia ya tenida en cuenta como elemento constitutivo del tipo: la causal no se aplica a los artículos 208 y 209, donde la edad ya fundamenta la lesividad, y conserva efecto útil frente a los artículos 205, 206, 207, 210 y 210A. El resuelve declara la exequibilidad «por los cargos analizados»; el condicionamiento figura en la síntesis y en las consideraciones. Fonte
• CSJ, Sala de Casación Penal, SP3141-2020, rad. 54108, 19 de agosto de 2020, M.P. Eugenio Fernández Carlier — non bis in ídem: improcedencia de deducir simultáneamente los numerales 2 y 5 del artículo 211 cuando la confianza deriva del vínculo familiar. Fonte